La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que es válida la sanción impuesta en mayo de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), consistente en inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.
En sesión pública, por ocho votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, los magistrados de la Sala Superior del TFJA determinaron que la inhabilitación en contra del extitular de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto “está apegada a derecho” y, por ende, se mantiene en firme, en tanto no haya una resolución en contrario.
En virtud de la relevancia del caso, el juicio fue atraído por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde la Tercera Sala Regional Metropolitana, donde fue presentado originalmente.
Ante esta resolución, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, calificó como “histórica” esta decisión del tribunal, debido a que es la primera vez que la SFP inhabilita a un director general de una empresa productiva del Estado, como Pemex.
La resolución, señaló Sandoval Ballesteros, “es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un gobierno honesto y efectivo”, dijo.
La sanción contra Lozoya Austin derivó de investigaciones que realizó la SFP al encontrar que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al haber omitido, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
El 22 de mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Lozoya Austin junto con su amigo cercano Édgar Torres Garrido, quien fungió como titular de Pemex Fertilizantes, quien fue inhabilitado por 15 años así como con una multa por 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto por la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.
La Secretaría de la Función Pública manifestó que esta sanción se suma a las acciones de combate a la corrupción y a la impunidad que ha realizado la dependencia federal, entre las que se encuentran la inhabilitación de Rosario Robles, extitular de la Sedatu; la destitución del directivo de una filial de Pemex y multas resarcitorias por más de 7 mil 700 millones de pesos.
“De esta manera, la Función Pública da un verdadero seguimiento a todas las denuncias e investigaciones, para que quien cometa una irregularidad, abuso, omisión o irresponsabilidad sea sancionado en estricto apego a la normatividad”, agregó.
Hace unos días, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que en la administración de Emilio Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos hubo una “estafa maestra”, por al menos 83 millones de pesos.
El titular de la UIF detalló que se utilizó a una universidad —de la que no dio el nombre— a fin de contratar empresas fantasma, que en el sexenio pasado fueron “un camino de corrupción” que reemplazó al cohecho y soborno a servidores públicos.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente por cumplimentar una orden de aprehensión contra Lozoya por cohecho, asociación delictuosa y “lavado” de dinero, derivada del caso Odebrecht.
