Esta semana Grupo Salinas recibirá la notificación de la sentencia emitida por la Suprema Corte en la cual se lo obliga a pagarle más de 2,300 millones de pesos al SAT. Una vez que este tramite procesal se cumpla, Ricardo Salinas Pliego deberá pagar o, caso contrario, el SAT estará habilitado a congelar cuentas de su compañía así como también ha embargar diversos bienes. Esto es completamente independiente de su plan de recurrir a organismos internacionales.

Salinas Pliego, tan aficionado al litigio y los abogados, no parece de momento tener demasiado presente que recurrir al derecho internacional no suspende plazos ni deja sentencias en suspenso. La acción judicial está finalizada para las normas mexicanas. En todo caso si los tribunales internacionales le dan la razón en siete u ocho años (es el plazo que debe estipularse), tendrá derecho a ser compensado. De momento solo queda pagar.

Ante esta situación, fuentes de Palacio Nacional señalan la negociación que existe entre Javier May, a cargo del Tren Maya, y Grupo Salinas para que este conglomerado le venda al Gobierno un terreno en la península de Yucatán que es imprescindible para el trazado del tren.

El Gobierno señala que no gastará más de 1,000 millones de pesos en la compra de terrenos. Pero el terreno de Grupo Salinas de 180 hectáreas, estaría valuado, según un reportaje de la Revista Proceso, en 1,300 millones de pesos.

La conexión de los dos escenarios arroja la pregunta al interior del staff presidencial sobre si Salinas Pliego podrá utilizar el terreno como parte de pago de lo que adeuda al SAT.