El Gobierno de México ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas contra el Covid-19, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas para no divulgar sus secretos industriales y comerciales, según diez resoluciones oficiales que analizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis.
Las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto, según sostienen las resoluciones que revisó MCCI en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado junto con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, que han solicitado en los últimos meses acceso a las condiciones de contratación de vacunas. Las respuestas de las autoridades en todos los países han sido la negativa a abrir la información o incluso el silencio.
Además, el Gobierno mexicano ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”, según se lee en la resolución de la Secretaría de Salud consultada por MCCI.
Secretos garantizados por escrito
Las reservas de información mencionadas están contenidas en al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores.
A la fecha, el gobierno de México tiene acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas –salvo el de CanSino- requieren la aplicación de doble dosis.
El pasado 6 de febrero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó una sexta vacuna para México, Covaxin, producida por el laboratorio Bharat Biotech de la India, aunque por ahora no se ha reportado llegada de dosis de las mismas.
La cancillería mexicana ha suscrito además un acuerdo con GAVI Alliance –organización privada sin fines de lucro- para participar en el mecanismo multilateral COVAX Facility, enfocado en promover el desarrollo de vacunas y asegurar el acceso a éstas de forma equitativa. El contenido de ese acuerdo también fue declarado información reservada o secreta por cinco años, según la documentación analizada.
Hasta el 23 de abril, México había recibido 20 millones de vacunas, y la previsión es adquirir en total 242 millones de dosis para inmunizar al menos a 115 millones de habitantes, precisan informes oficiales de la Secretaría de Salud.
La compra de vacunas representará el desembolso de 33 mil millones de pesos, equivalentes a unos 1.660 millones de dólares, anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de enero último. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto.
Un día después de esa declaración, López Obrador prometió que habría transparencia absoluta en los contratos de vacunas anti-Covid.
“Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró la mañana del 12 de enero en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno.
“El caso de las vacunas es lo más transparente que hay porque se tienen contratos con las farmacéuticas, se tiene contrato y ya se han llevado a cabo pagos”, dijo el Presidente en esa ocasión.
Sin embargo, las secretarías de Estado encargadas de negociar y suscribir los contratos han ordenado lo contrario a la promesa de López Obrador: mantener en secreto la información entre dos y cinco años.
Los argumentos oficiales
La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020. En aquel entonces, la decisión fue sobre un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.
A partir de entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización.
Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.
Las resoluciones refieren que el gobierno de México se comprometió a mantener bajo estricto resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las farmacéuticas, que incluye “cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación, información comercial, información financiera, incluido el precio por dosis del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de negocio, estrategias, lista de clientes, planes de comercialización y otros planes”.
Una de las cláusulas menciona que se considera información confidencial los apartados referentes al precio y pago, costo de los productos, garantías, derechos mutuos de terminación del contrato, exclusión de responsabilidad, condiciones previas al suministro, “conducta fraudulenta intencional”, detalles de producto de la vacuna preliminares, facturación y limitación de responsabilidad por reclamaciones distintas de indemnizaciones de terceros.
Todos esos conceptos fueron calificados como confidenciales porque involucrarían secretos comerciales e industriales de las farmacéuticas, refieren las resoluciones.
Las resoluciones establecían originalmente una reserva de información de 5 años, contados a partir de diciembre de 2020; es decir que no se podría conocer el contenido total de los contratos hasta diciembre de 2025.
Sin embargo, en una nueva resolución fechada el 5 de abril de 2021, el gobierno mexicano recortó a dos años la reserva de información en los contratos firmados con AstraZéneca, Pfizer y CanSino, en particular en la información del precio por vacuna pactado con esos laboratorios; esa información se podrá conocer en abril de 2023.
Los acuerdos suscritos con Sinovac y Sputnik continúan con un sello secreto de cinco años, de acuerdo con una resolución del pasado 10 de marzo.
Hasta ahora, las versiones públicas que han liberado las autoridades contienen decenas de hojas censuradas, ocultando información sobre precios por dosis.
