Su mamá había acordado pago de 200 mil pesos

Y volvió a ocurrir. Eran las 8 de la mañana del lunes 22 de noviembre, cuando Anayeli, de 15 años de edad, salió de su casa en la comunidad Joya Real en el municipio de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. En realidad escapó. Ese día la obligarían a casarse con un adolescente de 16.

Todo estaba listo. El viernes y el domingo la familia del joven ofreció una fiesta para acordar el matrimonio. Mataron una vaca, hubo cervezas, refrescos, música de banda. El casamiento se pactó para el lunes.

La madre de Anayeli acordó casarla por un pago de 200 mil pesos.

Ese lunes, Anayeli, muy temprano escapó. Se refugió en la casa de un amigo, otro menor de 15 años. Las dos familias, la de Anayeli y la del joven con el que la querían casar, dieron aviso a la comisaría del pueblo. Los policías salieron a buscarla hasta que la hallaron.

De inmediato la encerraron en una de las celdas de la comisaría, junto con el joven que la refugió.

Para liberarla exigieron a Anyeli que se casara pero, sobre todo, que su familia regresara los 56 mil pesos que gastaron en las fiestas que ofrecieron porque ya había “ofendido” a la familia.

Los 200 mil no fueron entregados a la familia de Anayeli porque no se concretó el matrimonio.

Esto lo documentó el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

El martes muy temprano, a las oficinas de Tlachinollan entró una llamada telefónica anónima denunciando que en la comisaría de Joya Real tenían encarcelada a Anayeli por negarse a casarse.

Tlachinollan se comunicó con otras dependencias, como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La comitiva llegó a Joya Real.

Anayeli y el otro menor fueron liberados y están en custodia del DIF estatal.

“Hubo resistencia de la comunidad porque lo ven tan normal. Decían: ‘¿Por qué hizo eso la niña si ya sabe cómo son las cosas acá?’; ‘Eso fue una burla para la familia’. ‘La niña aceptó’, pero, ¿cómo una niña puede tener la capacidad para tomar la decisión de casarse?”, dice la abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien intervino ante el pueblo para que Anayeli fuera liberada.

Hace 15 días, en la Montaña, la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, firmó un acuerdo con distintas dependencias del gobierno federal y la ONU para combatir la violencia contra las mujeres, incluidos los matrimonios forzados.

Sin embargo, no presentó un plan concreto, menos presupuesto. En este último caso, Arias Vitinio criticó que el gobierno del estado apenas y reaccionó.

“No hay un enlace, no hay ningún interlocutor en el gobierno del estado para atender estos casos”, explicó la abogada.

“No es suficiente con firmar un acuerdo, es necesario ir a las comunidades a hablar con los pueblos, hay explicarles que casar a niñas y niños tiene consecuencias”, criticó.