La alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, propuso a los diputados federales expedir una Ley de Impuesto a la Informalidad, que grave en 5 % los ingresos de personas dedicadas a vender antojitos en la calle: elotes, tacos y otros, siempre que sus ventas no excedan los 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal.

Estas personas serían incorporadas como personas físicas con actividad empresarial y cobrarles impuestos generaría “riqueza para todos”, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Nadie como nosotros conocemos a los informales, los tenemos un censo, todos los taqueros, todos los eloteros, toda esa gente que no paga impuestos, que debería tener una tasa para pago de impuestos que debería después transformarse en un fondo que pudiera llegarnos y nosotros cooperar con la información de miles que tenemos en cada municipio y que generarían impuestos y riqueza para todos”, expuso la ex diputada y ex senadora panista.

Conforme a su propuesta, “la recaudación de este impuesto daría lugar a la creación de un Fondo a la Informalidad que se distribuiría en aquéllos municipios que aporten sus padrones de contribuyentes que realicen actividades empresariales, para que la federación recaude esta contribución”.

En reunión de Parlamento Abierto convocada para analizar la Ley de Coordinación Fiscal, tanto Ortiz, como otros alcaldes expusieron que han reducido drásticamente sus ingresos provenientes de la federación y pidieron apoyo para resarcir esa caída.

Entre las medidas para lograrlo, Ortiz pidió revivir el Régimen de Contribuyentes de Incorporación Fiscal (RIF), lo que eran los Repecos, para las personas físicas con ingresos menores de dos millones de pesos y eso recursos sean para los municipios.

Necesitamos incrementar el Fondo General de Participaciones (FGP) y no podemos quitarles a unos para darles a otros, de ahí que se requiere aumentar la recaudación, insistió.

También pidió legislar para que sea obligatorio para los migrantes en México ser autosustentables “después de un tiempo” de estancia en el país, ya que la Cámara de Diputados desapareció el Fondo Migrante.

Hoy, en un albergue tenemos mil personas, 400 cubanos, 300 centroamericanos, más de cien provenientes de otras naciones y sólo 12 mexicanos, los mexicanos no están cruzando la frontera pero debemos mantener a todos, expuso.

Les dieron derecho de trabajar y no trabajan, “tengo una bolsa de 30 mil empleos” pero no los ocupan, por eso se requieren reglas para que los migrantes estén obligados a ser autosuficientes después de un tiempo en que les es negada la visa, expuso.

“Los apoyamos pero deben de trabajar porque me cuesta entre 300 y 500 pesos diarios cada uno en comida, medicinas, luz, agua, las repatriaciones”, advirtió.

Reclamó que su municipio es considerado el más peligroso del país y el Fondo de apoyo a la seguridad pública se redujo en 25% y es por las dificultades para enfrentar esa situación que se requiere actuar e invertir en prevención, pero todo eso hace urgente que los municipios tengan recursos.