Las empresas y sus trabajadores siguen esperando apoyos gubernamentales para evitar la quiebra y el crecimiento del desempleo que producirá la crisis económica, pero el presidente aprovechó la pandemia para hacer un regalo doble a los empresarios que explotan concesiones de radio y televisión, dádiva que beneficiará en forma preponderante al duopolio televisivo.

En su conferencia matutina de este viernes, López Obrador dijo que firmaría el acuerdo para “devolver” los tiempos oficiales a estaciones de radio y canales de televisión. Esgrimió como motivación el que “la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento”.

Ante las reacciones inmediatas que hicieron notar la inconstitucionalidad de dicha “devolución”, el responsable de Comunicación Social de la Presidencia, a través de su cuenta en Twitter, se apresuró a precisar que sólo estaban implicados los “tiempos fiscales” y, de éstos, únicamente aquellos cuya utilización corresponde al poder Ejecutivo.

La verdad es que, tanto el anuncio del presidente como la supuesta precisión de su vocero tienen claros visos de inconstitucionalidad y exhiben un ejercicio de gobierno caracterizado por la discrecionalidad y la arbitrariedad.

En su tiempo, el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión tuvo esas mismas características: el criterio decisivo era el favor del gobernante en turno y los favorecidos no pagaban los derechos de explotación del espacio radioeléctrico, como tampoco pagaban algún impuesto especial por ello. A cambio, el gobierno de la larga hegemonía priista obtuvo así la subordinación de los medios de comunicación masiva.

Con el paso de los años, en 1968 la prebenda se transformó al establecerse que los concesionarios de los medios pagarían “en especie” los derechos por el uso del espacio radioeléctrico y el impuesto correspondiente, es decir, siguieron sin desembolsar dinero alguno por esos conceptos, pues el gobierno les permitió pagar con tiempo de transmisión. Eso es lo que desde entonces se conoce como tiempos oficiales en radio y televisión.

Los adultos de hoy recordarán que los tiempos oficiales eran cubiertos por los concesionarios en horarios que no podían comercializar, como eran los de media noche o las horas de la madrugada, y que se destinaban a transmitir los documentales que remitía la Dirección de RTC de la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, hasta antes de 2008 las empresas concesionarias de radio y televisión vendían spots a los partidos políticos en tiempos de campaña electoral, venta por la que hacían un negocio calculado en 5 mil millones de aquellos pesos. Aprovechaban, además, para incidir políticamente, ya que otorgaban crédito o tarifas reducidas a los candidatos de su preferencia, mientras le cargaban la mano a sus competidores.

La reforma constitucional de 2008 prohibió la compra-venta de propaganda política en radio y TV, y en su lugar se dispuso de los tiempos oficiales, que a partir de esa reforma se distribuyen entre los partidos políticos y los órganos electorales. Esta reforma, que el duopolio televisivo resistió jurídicamente y mediante el desacato a la pauta de transmisión que el Instituto Nacional Electoral (INE) le remitía, reforzó la democracia y el pluralismo, pues dio acceso a los medios a todos los partidos y candidatos.

Por cierto, el personaje político más beneficiado con ella fue, justamente, López Obrador, quien apareció en unos nueve millones de spots de radio y televisión transmitidos en las campañas electorales de 2009, 2012, 2015 y 2018.

Aun con la precisión de su vocero, la llamada “devolución” constituye un regalo doble a los concesionarios de radio y televisión, pues, como lo explicó el propio presidente, éstos podrán comercializar el tiempo fiscal, en tanto que el gobierno deberá en adelante contratar y pagar tiempos para la transmisión en los medios de sus campañas institucionales, tales como las relativas a la salud, educación, protección civil, el pago de impuestos o la promoción turística.

Finalmente, hay que decir que es de pena ajena el espectáculo que ofrecen quienes en su momento respaldaron la reforma de 2008 y criticaron las prebendas de los concesionarios de radio y televisión, particularmente las de los dueños del duopolio televisivo, y que hoy giran las matracas para festejar que el gobierno de la 4T se las “devuelva”.