Santiago Creel se encuentra en una encrucijada de alta complejidad. Por un lado quiere aprovechar su instancia de diálogo con la Secretaría de Gobernación para operar el regreso de Ricardo Anaya al país. Por el otro tiene que cumplir con una serie de demandas de los gobernadores de su partido que le piden que se ocupe de negociar que la 4T libere de la prisión a un dirigente del partido en Veracruz, que cese la persecución contra Francisco Cabeza de Vaca y que el el Gobierno no se meta en la interna panista de Aguascalientes.

La posición del diputado federal, ex secretario de Gobernación con Vicente Fox, es complicada porque tiene que pedirle concesiones al Gobierno y hacia el interior del panismo, junto a un Marko Cortés vulnerable, no tiene gran margen de maniobra.

Un ejemplo es la reforma eléctrica que pide Andrés Manuel López Obrador. Antes de que Creel se reuniera con Adán augusto los diputados federales del bloque le enviaron una misiva señalándole que en esa negociación con el Gobierno él no puede desdecir la postura del bloque en el San Lázaro.

La pregunta ineludible: ¿Qué podrá conceder Creel a la 4T para que Anaya pueda volver a México sin riesgo de ir a prisión? Un detalle: desde hace un mes Anaya estudia en EU el caso legal del canciller Marcelo Ebrard, quien pasara de estar prófugo de la justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, exiliado en el exterior, a regresar en 2018 y salta a la primera fila del gabinete actual. El desenredo de esa madeja procesal es lo que observa con sumo cuidado Anaya.

El factor Anaya también explica la presión de los gobernadores. Su reaparición en México le quita chances a quienes buscan la candidatura en 2024.