La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la posibilidad de otorgar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, una escolta de seguridad durante los seis años posteriores a que deje su cargo.

La SCJN admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidencia de la República y diputados de minoría del Congreso de Tamaulipas, quienes argumentan que no hay ninguna base en la constitución federal para dar este servicio a exmandatarios.

Se informó que impugnaron concretamente el decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 19 Bis de la Constitución tamaulipeca, que ordena brindar protección y seguridad a quienes se hayan desempeñado como gobernadores, secretario de gobierno o de seguridad pública en esa entidad.