“Reciprocidad” es la palabra clave y la condición que el gobierno de México puso al de Estados Unidos para aprobar los visados de 12 agentes de la DEA a cambio de la presencia de 12 agentes mexicanos en territorio estadunidense para verificar el combate al tráfico de armas, revelan fuentes del gobierno de Joe Biden.
“Hay un impasse en las negociaciones con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de los agentes de la DEA”, explica un funcionario del Departamento de Justicia estadunidense.
A condición del anonimato, porque se trata de negociaciones en curso, el funcionario aceptó que durante la sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), el jueves 7, el tema se discutió, pero las posiciones encontradas no llevaron a nada.
“En la reunión con sus contrapartes de México, el procurador general de Justicia, Merrick Garland, y el secretario de Estado, Antony Blinken, negociaron el asunto de la visa de los agentes de la DEA. No hubo arreglo y se determinó que se seguirá negociando”, destaca la fuente.
A consecuencia del arresto en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobierno mexicano no ha autorizado las visas para los 12 agentes de la DEA, tal como lo informó el portal digital de Proceso el jueves 7, versión que fue confirmada posteriormente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El viernes 15 se cumplió un año de la aprehensión de Cienfuegos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, acusado por la DEA de narcotráfico y colusión con una fracción del Cártel de Sinaloa. Aunque fue exonerado por el Departamento de Justicia y repatriado a México, las consecuencias del caso del general están latentes e implican un alto costo para los intereses de seguridad de los estadunidenses.
“El gobierno mexicano pide que, para autorizar la visa a los agentes de la DEA, se autorice la presencia en Estados Unidos de 12 agentes de la Secretaría de Seguridad (y Protección Ciudadana) para colaborar en el combate al tráfico de armas”, expone el funcionario estadunidense.
De acuerdo con esta versión, el gobierno de López Obrador pide que los agentes mexicanos se involucren directamente en las acciones que las agencias estadunidenses realicen contra el trasiego de armas hacia México, es decir, en acciones de la DEA, el FBI, el ATF (Buró de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego), el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el CBP (La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).
