La Comisión de Justicia analiza exhortar a las autoridades federales y estatales en la materia, a agilizar y eficientar las acciones para supervisar el desempeño de los ministerios públicos conforme a los principios y obligaciones del nuevo sistema penal acusatorio adversarial.

En un punto de acuerdo que impulsa, el presidente de esa Comisión, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI) recordó que con la reforma constitucional de junio de 2008 se instauró un nuevo sistema jurídico penal, así como el procedimiento acusatorio y oral, y para implementarlo se coordinó un esquema gradual para cada entidad federativa compuesto por siete etapas, el cual culminó el 14 de junio de 2016.

Sin embargo, expuso, a más de un año del plazo que se tenía previsto para poner en marcha el nuevo sistema de procuración de justicia, los resultados aún están lejos de lo esperado.

Para estimar los resultados obtenidos a un año de la instauración del sistema penal acusatorio adversarial, relató que la Procuraduría General de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República solicitaron que se llevara a cabo la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, para detectar cuáles son los puntos y ejes a mejorar del nuevo modelo.

Anotó que la consulta arrojó datos, cifras y hechos desalentadores para las expectativas puestas en la reforma de junio de 2008.

“El resultado general es que el sistema de procuración de justicia penal se encuentra en una grave crisis en donde la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las malas prácticas procesales del sistema escrito y semiinquisitorial aún persisten y nos encontramos muy lejos de su erradicación”.

Mencionó que esa Consulta señala que los derechos de las víctimas no son respetados y es un área en la cual falta mucho trabajo para que los resultados esperados con la reforma del 2008 sean materializados.

Un ejemplo de eso, relata, “son la falta de vías de acceso para la reparación del daño; carencia de representación de las víctimas en los procesos, y en casos de mujeres víctimas de violencia, son persuadidas por personal de las agencias del ministerio público para tratar de evitar que denuncien”.

En temas como seguridad pública y procuración de justicia, no hay fluidez, estabilidad y comunicación, además de falta de recursos e instrumentos que permitan a los cuerpos policiales realizar las tareas del nuevo sistema penal, agregándoles las pésimas condiciones laborales bajo las cuales deben desempeñarse.

En este proceso, agregó el legislador, el número de asuntos investigados ha disminuido, toda vez que la actuación del personal ministerial ha reflejado que “se deja en libertad a aquellos detenidos en flagrancia por delitos en los que no procede prisión preventiva oficiosa, lo que ha impactado de manera severa en la tasa de impunidad”.

Ibarra Hinojosa puntualizó que este es solamente un ejemplo de algunos hechos señalados en la Consulta, en los cuales el sistema de justicia penal acusatorio adversarial “sigue siendo deficiente para llevar a cabo una correcta y eficaz aplicación de las leyes”.

Puntualizó que el mismo informe documenta que no hacen falta tantas reformas en los textos legislativos, sino un verdadero compromiso, especialización, buenas prácticas y cero tolerancia a los actos de corrupción “para que la reforma de junio de 2008 sea materializada en una correcta impartición de justicia y la crisis de inseguridad pueda ser atacada y mitigada”.