Sin consultarlo con el Congreso de la Unión, el gobierno federal ha comprometido un alto porcentaje de la facturación de Pemex, de aquí hasta 2018, cuando Enrique Peña Nieto deje el poder. Es decir, ha hipotecado gran parte de Pemex.

La Auditoria Superior de la Federación, órgano fiscalizador del Congreso, encontró que esta hipoteca supera varias veces el mondo de la duda que estos recursos garantizan, una diferencia importante respecto a lo que sucedió en 1995 cuando la factura de exportaciones de Pemex fue usada como garantía financiera por 50 mi millones de dólares.

La ASF encontró también que en 2009 Pemex aceptó dejar en prenda 7 de diez dólares que facture por ventas al extranjero de petróleo crudo, con el fin de garantizar una deuda contratada por una filial que la paraestatal constituyó en Islas Caimán. Islas Caimán es un paraíso fiscal y el gobierno mexicano no tiene autoridad para investigar en allí.

Se añade que en 2009 se quedó de asumir como deuda pública los bonos contratados por Pemex (hasta 5 millones de dólares) de 1998 a 2000 mediante Pemex Financie para financiar productos Pidiregas, cuyo saldo al 2009 fue de 893.3 millones de dólares, lo que se continuará liquidando hasta 2018.

El mecanismo que se estableció para el pago de la deuda, incluyendo intereses obliga a Pemex a poner a disposición de un tercero el 71.9% de las ventas exteriores del crudo Maya y Altamira, equivalentes a 247 mil millones de pesos.

Al 2018 esta cifra podría alcanzar los 170 mil 561.5 millones de dólares.