La recién aprobada reforma del Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud es un grave retroceso en materia de atención a la salud y el bienestar, para el acceso a los servicios públicos de salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente para las mujeres, violentando su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

Con 313 votos a favor, 104 en contra y 26 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el martes 10 de octubre un dictamen de la Comisión de Salud que aprueba la iniciativa presentada por el Partido Encuentro Social, y apoyada por diputadas y diputados de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, principalmente, como muestra de su interés por frenar los avances en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo cuando se trata de los derechos de las mujeres.

El dictamen recién aprobado, bajo el falso discurso de ampliar los derechos de los profesionales de la salud, no hace sino agravar las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país todos los días y dificultar el acceso a los servicios públicos, ya que permite que los trabajadores de salud, incluyendo personal auxiliar y administrativo, se declaren objetores de conciencia y se nieguen a atender casos de aborto legal, como lo son: a) embarazos resultado de violencia sexual, b) embarazos que ponen en peligro de muerte a la mujer, c) embarazos que ponen en riesgo la salud de la mujer, d) cuando se diagnostican malformaciones en el producto, e) por razones económicas.

Este dictamen, que aún podría ser rechazado por el Senado, cobra una trascendencia mayor ya que genera vacíos legales que podrán ser usados por el Estado para eludir sus responsabilidades y obligaciones de garantizar la atención a la salud, desde los servicios públicos, agravando condiciones de alta marginación sobre todo en ciertas zonas del país en las que es más evidente la falta de cobertura, acceso, abasto, etc.

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre algunos países que usan la objeción de conciencia como una estrategia sistemática para colocar barreras al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y negarse a brindar servicios públicos de salud, específicamente en temas de aborto.

“En América Latina, la objeción de conciencia se ha usado como una barrera para acceder a los servicios de aborto seguro, orillando a las mujeres a recurrir a servicios clandestinos que en ocasiones son inseguros, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres”, dijo Fernanda Diazdeleon, asesora en política y abogacía de Ipas México.

En ese sentido, Ipas Mexico y otras organizaciones expertas en derechos humanos han manifestado su preocupación y hacen un llamado al Senado para frenar este intento del Partido Encuentro Social que, apoyado por el PRI y el PAN, atenta contra el estado laico, los derechos humanos de las mujeres, la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por nuestro país.