Un Tribunal federal concedió un amparo a Elba Esther Gordillo para que pueda ofrecer pruebas en la indagatoria seguida en su contra por el “lavado” de mil 978 millones de pesos, denunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México concedieron la protección de la justicia federal a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que la Procuraduría General de la República le permita el acceso a las constancias que integran la investigación para que ejerza su derecho a la defensa.

“Que exista pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por la solicitante de protección federal (entre otras el interrogatorio al denunciante y/o querellante, a los testigos y peritos que hubiesen intervenido en la averiguación previa), que se proporcionen a la quejosa todos los datos que consten en la averiguación y sean necesarios para su defensa, y se le llame a la quejosa a esa averiguación”, enumeraron los magistrados.

La sentencia fue publicada ayer lunes en el amparo en revisión número 340/2016, en consecuencia la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) debe tener por autorizados a todos los abogados y personas de confianza de Gordillo Morales y citarla para que rinda su declaración sobre los hechos.

Para ello, los magistrados señalaron que la autoridad responsable deberá realizar todas las gestiones necesarias para que la ex lideresa magisterial comparezca a rendir su declaración sobre los hechos señalados por la SHCP.

Gordillo Morales fue acusada por desvío de recursos para uso personal de la recaudación del sindicato de maestros por mil 978 millones de pesos.

Ésta es la única acusación que mantiene a la maestra detenida en un hospital privado de la colonia Roma, en la Ciudad de México, pues en días pasados un Tribunal federal ratificó la negativa de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de la ex lideresa.

De inicio le fueron imputados también los delitos de defraudación fiscal y delincuencia organizada, sin embargo, un juez federal desestimó tales acusaciones.