La Fiscalía General de la República (FGR) está obligada -por contrato firmado en la administración de Enrique Peña Nieto- a pagar, en los próximos cuatro años, mil 390 millones de pesos por la renta y mantenimiento de dos edificios. La cifra equivale a la mitad de lo que el gobierno gasta en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El exoficial mayor de la PGR, Pedro Navarro Laflin, acordó en enero de 2018 con la empresa Corporativo Redondel, S.A. de C.V., la renta del edificio de la avenida Insurgentes número 20, por 16 millones 467 mil pesos mensuales, más un millón 646 mil por mantenimiento.
Tres meses después, Navarro Laflin firmó otro contrato ahora con Rouz Bienes Raíces, S.A. de C.V., para el edificio de Río Pilcomayo número 169, en Miguel Hidalgo. La renta mensual es de 10 millones 848 mil 154 pesos.
En su informe sobre los primeros 100 días de gestión, el fiscal Alejandro Gertz dijo que se están concluyendo los contratos de arrendamiento, “incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta (…) por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que la institución pretendía concesionar comercialmente por 40 años, despojando así a la FGR de su patrimonio”.
Las rentas
16.5 millones de pesos al mes tiene que pagar la FGR por su edificio ubicado en avenida Insurgentes número 20.
10.8 millones de pesos mensuales paga la institución por el inmueble que utiliza en Río Pilcomayo número 169.
