De acuerdo con una investigación realizada por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), con sede en Washington, el agua, uno de los recursos no renovables más valiosos, ha sido entregado por el Gobierno de México a empresas como Coca-Cola, quienes han logrado ejercer una gran influencia sobre la cultura, la economía y la vida de ciudadanos en todo el país y en especial en regiones como Chiapas.
El estudio es firmado por Lydia Blum y participan otros investigadores como Rachel Rosenberg, Zoë Abrahm, Kirwin Schaffer y Larry Birns.
De acuerdo con el COHA, Coca-Cola ha inyectado fondos a organizaciones como la World Wildlife Foundation (WWF) en México para que apoyen los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto que facilitan la entrega del agua a grandes corporativos.
En el texto se lee:
Superficialmente, la eliminación de las barreras para el acceso al agua parece ser útil, pero dado que los decretos no brindan soluciones claras y viables, probablemente no mejoren los problemas endémicos de agua en todo México, especialmente en lugares como San Cristóbal de las Casas, Chiapas”.
Tras lo anterior se indica que depende del Gobierno mexicano ir más allá de simples palabras en papel y emprender proyectos concretos de infraestructura física para mejorar la disponibilidad de agua para su gente. “Hasta entonces, sus decretos serán solo intentos vacíos para enmascarar su prioridad de ganancias económicas sobre los derechos humanos básicos”.
Por su parte, el Consejo de Asuntos Hemisféricos señala que el presidente Peña Nieto firmó diez decretos el 5 de junio, mismos que buscan eliminar las prohibiciones en 500 cuencas hidrológicas, aproximadamente el 55 por ciento de los lagos y ríos de México.
“Esto significa que no habrá obstáculos para la extracción, lo que parece hacer que el agua potable sea más accesible para los ciudadanos mexicanos; sin embargo, algunos desconfían de las intenciones del gobierno con estos decretos y los ven como un potencial para abrir un camino para la privatización de ese vital líquido”.
El consejo agrega que:
Prominentes partidarios de los decretos incluyen al presidente y al director ejecutivo de WWF en México, Jorge Rickards y Carter Roberts, respectivamente. Si bien en la superficie el apoyo de tales individuos parece prometedor para la conservación y la mejora de la provisión de agua pública, después de una inspección más cercana, la motivación del grupo puede no ser tan pura.
Tras lo anterior, se ha comenzado a especular que el aflojamiento del acceso al agua se utilizará para el beneficio monetario tanto de las empresas privadas como del gobierno.
Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez, los decretos han convertido las cuencas prohibidas al uso público para que cualquier persona, incluso empresa privada, pueda acceder a ella siempre y cuando se considere de “utilidad pública” por parte de las autoridades gubernamentales.
En otras palabras, lo anterior significa que se está proporcionando un camino abierto para el otorgamiento de concesiones por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a innumerables empresas privadas para el acceso a la cuenca.
La investigación liderada por Lydia Blum indica los decretos de Peña Nieto y la fuerte presencia de potencias corporativas como Coca-Cola, “el futuro de los derechos de agua en México es turbio en el mejor de los casos”.
Por otro lado, aún queda una esperanza para las poblaciones afectadas, pues el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que eliminará esos decretos tan pronto asuma el cargo de presidente constitucional.
Con información de Sin Embargo
