Enrique Peña Nieto y su Gabinete busca protegerse de las investigaciones penales que pudiera interponer en su contra el Gobierno de Chihuahua.

El pasado 11 de octubre la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia Constitucional para protestar sobre las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación en su contra, según informó el diario Reforma.

Misha Granados, Consejera Jurídica firmó la demanda, que es la primera en su tipo que presenta el Ejecutivo.

La controversia Constitucional es “la solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionario públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de funciones”.

Javier Corral Jurado, advirtió al Gobierno federal que no habrá impunidad en el caso del exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez, que fue acusado por la Fiscalía estatal por el desvío de 250 millones de pesos.

Los cargos por este delito fueron desestimados por la Procuraduría General de la República.

Ante esto, Corral aseguró que a pesar de lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y al exgobernador César Horacio Guarte Jáquez, “no quedará impune”, pues “tarde o temprano la justicia lo va a alcanzar”.

“Su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”, dijo Corral.

El desvío y robo de 250 millones de pesos realizados durante la administración de César Duarte al PRI habría sido con la finalidad de financiar las elecciones de 2016.