El presidente Enrique Peña Nieto promulgó hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual establece penas de entre 40 y 60 años de prisión para los funcionarios que priven de la libertad a una persona y se nieguen a informar su destino o paradero.

La nueva legislación establece el mecanismo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, informó Presidencia en un comunicado.

También establece una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como fiscalías especializadas en los órdenes federal y local.