El Senado exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a realizar campañas informativas para denunciar la violencia política en razón de género y a las instancias electorales a aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

En el marco del proceso electoral 2018, el 12 de abril la Cámara alta aprobó un punto de acuerdo donde reconoce que si bien en México no se cuenta con una ley específica en la materia ya existe un protocolo realizado por instituciones electorales donde se establecen las acciones urgentes que deben tomarse frente a casos de violencia política contra las mujeres.

En marzo de 2017 el Senado aprobó modificar cinco leyes en materia electoral y de violencia contra las mujeres para tipificar la violencia política de género; nueve meses después, en diciembre de ese año, la Cámara de Diputados avaló las reformas pero con cambios por lo que fue devuelta al Senado para un nuevo análisis.

En este contexto, la semana pasada el Senado declaró que la violencia política es un fenómeno que puede afectar tanto a hombres como a mujeres y destacó que plantear este tema desde una perspectiva de género es porque esta violencia genera un pacto diferente en las mujeres debido a la desigualdad social, económica y cultural que enfrentan.

Aunque el punto de acuerdo no lo menciona, el 11 de abril fue encontrado el cuerpo de la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a una diputación local en el estado de Michoacán, Maribel Barajas Cortés, crimen que de acuerdo con información difundida esta semana por la Fiscalía del estado no está relacionado con su actividad política.

Además del asesinato de la candidata, la tarde del pasado 21 de febrero la ex regidora de Chilapa y precandidata a una diputación local en Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonia Jaimes Moctezuma, fue asesinada por hombres armados cuando estaba en su negocio, un restaurante ubicado en aquel municipio.

Cuatro días después, el 25 de febrero la ex aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello fueron encontrados asesinados alrededor de las 7:30 de la mañana en la carretera Chilapa-Atzacoaloya, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con el documento, al incluir en la vida política del país a las mujeres, esto genera una nueva expresión de violencia hacia ellas, en un escenario donde existen prácticas y artimañas electorales para ocupar o mantener espacios de poder, por ello llamaron a las instituciones a aplicar el Protocolo en la materia.

Asimismo, la Cámara alta exhortó a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a informar el estado que guardan las sentencias a favor de los juicios para la protección de los derechos políticos de las síndicas Erika Molina López, de Santo Domingo Zanatepec; Herminia Quiroz Álvarez, de San Juan Colorado; y Yarely Cariño López, de Pinotepa Nacional, violentadas por querer ejercer sus cargos.

En los tres casos existen sentencias de los tribunales electorales que acreditan que ellas fueron víctimas de violencia política y ordenan a los presidentes municipales garantizar las condiciones para que las funcionarias puedan desempeñar sus cargos.