Los servidores públicos que legislan, gobiernan, administran o ejecutan la justicia también son capaces de ejercer violencia de género: golpear a su pareja, ejercer violencia psicológica contra ella, acosar sexualmente a sus colegas o ser irresponsables con la manutención de sus hijas e hijos, pero nada de eso les impide continuar en funciones.

Como en México no hay ninguna norma que impida a los violentadores ser funcionarios públicos, la defensora de Derechos Humanos, Yndira Sandoval Sánchez, redacta una propuesta de reforma constitucional para que los hombres que deseen ocupar un cargo legislativo o de gobierno comprueben no ser deudor alimenticio, acosador sexual o agresor de mujeres.

La propuesta, que se ha gestado desde 2017, respondería a casos de funcionarios acusados de violencia familiar, como el del senador Noé Fernando Castañón Ramírez; el alcalde del municipio de Armería, en Colima, Salvador Bueno Arceo; el exdiputado federal Elmar Darinel Solorzano; o el subsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Luis David Vázquez Heredia.

En estas denuncias los servidores estuvieron involucrados en presuntos casos de violencia de género, como consta en publicaciones de medios de comunicación. Aunque en algunas investigaciones el presunto agresor fue detenido, en la mayoría de los casos ellos lograron continuar con sus funciones y posteriormente desempeñar otros cargos públicos.

La propuesta, explicó en entrevista Sandoval Sánchez, es emular la iniciativa #3de3, impulsada por organizaciones civiles para que la clase política, en particular candidatas y candidatos a cargos de elección, publicaran, de forma voluntaria, sus tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, como muestra de su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

Retomando el aporte de esta iniciativa, la idea de la defensora es crear una #3de3 contra la violencia y hacer que esta declaración sea obligatoria para que aquellos hombres que aspiren a un cargo legislativo, de gobierno o administrativo hagan pública sus tres declaraciones: no ser deudor de pensión alimenticia; no ser acosador sexual; y no ser agresor de mujeres.

En octubre de 2018, al inicio de la actual Legislatura del Senado, legisladoras como las senadoras Patricia Mercado Castro y Martha Lucía Micher Camarena, condenaron que se permitiera a Noé Castañón Ramírez tomar protesta a pesar de que fue denunciado por violencia familiar y por no permitir que su exesposa tuviera contacto con sus tres hijos.

Ser presunto agresor no impidió que Castañón Ramírez asumiera el cargo, esto debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que, aunque en una ocasión él fue detenido por violencia contra su esposa, no tenía sentencia por ningún delito, por lo que debía respetarse la presunción de inocencia y su derecho a ser legislador.

Otro caso reciente es el del presidente municipal de Armería, en Colima, Salvador Bueno Arceo, denunciado penalmente por el delito de violencia intrafamiliar presuntamente cometido contra su esposa. Este 11 de julio el Congreso estatal exhortó al fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez a procurar “la aplicación de la justicia pronta y expedita” en este caso.

Versiones periodísticas indican que Bueno Arceo golpeó a su esposa, por lo que legisladoras locales llamaron a que pida licencia del cargo hasta que concluya la investigación. Sin embargo, no hay ley explícita que obligue a los funcionarios acusados de violencia contra las mujeres a ausentarse del cargo, renunciar o ser destituidos.

Respecto a este vacío legislativo, Yndira Sandoval, señaló que hay una falta de corresponsabilidad política en el fenómeno de violencia de género, por ello, lo ideal sería que la Constitución federal reconociera como requisito de elegibilidad, para ser legislador o funcionario público, no ser deudor alimenticio, acosador sexual y no ejercer violencia familiar.

En México, dijo, no es novedad que los diputados o gobernadores reproduzcan la violencia o que los jueces ejecuten la justicia desde sus prejuicios. En ningún caso hay consecuencias. La defensora se pregunta por qué, desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un discurso de honestidad y no corrupción que se disocia de la violencia.

Sandoval advirtió que mientras los servidores públicos no roben dinero no importa si son acosadores sexuales. Entonces, reflexiona, ¿qué entendemos por democracia? En el actual contexto político hay una ausencia de perspectiva de género en la lucha contra desigualdad y la corrupción.

La defensora aseguró que la reciente reforma en materia de paridad en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en organismos autónomos, publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, no se puede concebir “a secas”, tiene que ir acompañada de acciones que den un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

De lo contrario, dijo, continuarán historias como la ocurrida el 19 de abril de 2010 cuando Elmar Darinel Solorzano, entonces exdiputado federal disparó con un arma de fuego y asesinó a su pareja, Tatiana Trujillo Rodríguez. Él, quien también fuera aspirante a una diputación local, sigue prófugo.

O bien, lo que ocurrió el 30 pasado de junio de 2019, con la detención de Luis David Vázquez Heredia, subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, acusado de supuestamente violar una orden de restricción para acercarse a su esposa, a quien golpeó en ocasiones anteriores.

La actual transición política, dijo Sandoval, no está considerando que es necesario fomentar la participación política de más mujeres y al mismo tiempo reducir las posibilidades de que más agresores ocupen puestos de decisión.

La pregunta pendiente es si las y los legisladores adoptarán la propuesta #3de3 contra la violencia y la discutirán como una reforma legislativa. Por lo pronto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, ya analiza cómo llevar esta iniciativa a una amplia reforma constitucional y en materia electoral.

Yndira Sandoval expuso que, así como se piden requisitos de elegibilidad como ser ciudadano mexicano, tener cierta edad o no contar con antecedentes penales, se deberían pedir constancias de no ser deudor alimenticio o agresor o crear mecanismos para que las Procuradurías o la Fiscalía General de la República emita estas constancias.

Otra posibilidad es que las declaraciones se hagan de forma voluntaria porque en caso de que los hombres mientan es más fácil que los medios de comunicación lo detecten. En ocasiones, afirma, a los violentadores les pesa más una publicación que un proceso judicial.