Comités de alumnos, maestros y trabajadores de al menos 45 mil 168 escuelas de nivel básico que operan con daños estructurales o que fueron construidas sin apegarse a la norma serán los encargados de remodelarlas o repararlas.

A través del programa La escuela es nuestra, el gobierno entregará de manera directa recursos a las comunidades estudiantiles de cada plantel para la edificación, reparación de aulas y mantenimiento, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio.

Durante los últimos sexenios, esa tarea ha sido del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), el cual se encarga de edificar y normar la construcción de escuelas, y cuya desaparición también planteó el mandatario.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que de 145 mil 704 planteles que tiene registrados en el país, 30% presenta fallas estructurales y 33.4% funciona con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida.

Investigadores y expertos en construcción de obra pública consideraron que la medida del Presidente puede poner en riesgo a los estudiantes. Aseguran que únicamente ingenieros y arquitectos con conocimiento especializado tienen las competencias técnicas necesarias para garantizar que los planteles sean seguros.

“¿A mi escuela el dinero para qué le serviría, si lo que necesitamos es demoler un edificio?”, cuestionó Gabriela Ruiz Sánchez, madre de familia de la Escuela Primaria Jaime Nunó, en la colonia Morelos, la cual fue clausurada tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.