Integrantes de la Red de Mujeres Munícipes del estado de Oaxaca, denunciaron que desde la Comisión Permanente de Gobernación del congreso local, los diputados ejercen violencia política contra las mujeres que actualmente cumplen con un cargo en las diferentes comunidades.

Señalaron que mediante hechos de intimidación, desde esta instancia se ha iniciado un proceso de revocación de mandato en contra Petrona Desalez Velásquez, síndica municipal de San pablo Huilotepec.

De acuerdo a las mujeres que integran esta Red, estas acciones en contra de Desalez Velásquez han sido instauradas de manera injusta a petición de Alejandro Palacios Palacios, Milton Carlos Díaz Cheín, María Magdalena Sarabia Martínez e Isaías Fregozo García, en su carácter de presidente municipal, regidor de Hacienda, regidora de Obras y regidora de Salud respectivamente, del citado Ayuntamiento.

“Por medio del presente, denunciamos en forma pública los hechos de intimidación ejercidos desde la Comisión Permanente de Gobernación, quienes han llamado a comparecer el próximo día viernes 28 de septiembre a la compañera”.

Expusieron que a unas semanas de que terminen las funciones de las y los actuales integrantes del congreso del estado, mediante procesos apresurados pretenden resolver este tipo de asuntos, que en nada abonan a la estabilidad política y social del municipio de San Pablo Huilotepec.

Recordaron que Petrona Desalez, ha denunciado en forma la constante violencia política de que ha sido víctima por parte del edil y su cabildo, desde que comenzó a ejercer el cargo por el que fue electa, manifestando la obstaculización de sus funciones y la falta de entrega de documentación e información que debe dársele para poder ejercer su cargo, sin embargo, hasta la fecha han persistido estos actos de violencia contra su persona y contra el ejercicio efectivo de sus funciones como síndica municipal.

Cuestionaron el actuar de esta Comisión que preside el priista, Herminio Cuevas Chávez, ya que consideraron que en otros casos ha sido omisa en la tramitación de procesos de juicio político y revocación de mandato de hombres que han ejercido violencia política contra las mujeres munícipes de diversos Ayuntamientos y que fueron promovidos desde hace más de un año sin que hasta la fecha se haya tenido acceso a la justicia.