El testigo colaborador detalló que los 379 mdp fueron pagados en efectivo y mediante contratos ficticios a la empresa Asesoría y Servicios Online, S. A. de C.V., dinero que posteriormente llevaban al local de Manzil Construcciones, en la capital de Chihuahua, cuyo propietario era Jaime Agustín Fong Ríos.
De este lugar, dos personas al servicio de Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones del Gobierno estatal (actualmente preso), las cuales eran: José Jaime Bustamante Pérez, asesor técnico de la Dirección de Adquisiciones, y Hugo Ortiz, jefe de Inventarios, Mobiliario y Talleres Mecánicos de la Secretaría de Hacienda estatal; recogían el dinero y lo llevaban en cajas hasta la oficina de Tarín.
Finalmente, Tarín García reenviaba las cajas en un diablito a Gerardo Villegas, quien ocupaba el cargo de director de Administración de Hacienda.
Cuenta el testigo que, en una reunión donde él participó además de Jaime Herrera y Jesús Olivas Arzate, el director de Egresos de Hacienda, así como Tarín y Villegas; se decidió que los 379 millones de pesos servirían posteriormente para pagar el voto de diputados locales, deudas del Gobierno, servicios legales y la campaña del PRI en 2016.
Asegura que gran parte del dinero fue para las elecciones de 2016, en cuyo año se eligió a un nuevo gobernador en Chihuahua, resultando electo el panista Javier Corral. Del monto total, se destinaron unos 22 millones, asegura el testigo, a diputados; entre 20 y 30 millones, para el mobiliario de la Ciudad Judicial, y 6 millones para Ricardo Sánchez, abogado de Duarte, Herrera y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, este último, diputado federal que murió en un accidente.
En tanto que, entre 6 y 8 mdp se usarían para pagar el mobiliario faltante de los edificios gubernamentales en Ciudad Juárez y Parral, y 7 millones serían enviados al ex auditor superior estatal, Jesús Manuel Esparza Flores, “para que cubriera irregularidades”. Sin embargo, el testigo desconoce si estas cantidades finalmente se distribuyeron de esa forma.
Cabe recordar que César Duarte, ocupó la gubernatura de Chihuahua entre 2010 y 2016, hoy se encuentra prófugo de la justicia tras enfrentar 11 órdenes de aprehensión; la mayoría de ellas por desvío de recursos durante su gestión.
Actualmente se sabe que Duarte vive en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas no han emitido una solicitud de extradición a pesar de ello.
Por su parte, el actual gobierno de Chihuahua encabezado por el panista Javier Corral, informó que han logrado detener a 15 personas y sentenciar a 5 de ellas, por estar relacionadas con Duarte; pero el protagonista central de la historia continúa gozando de libertad.
En un inicio a Duarte se le acusaba por desviar al menos 250 millones de pesos hacia el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A esta cantidad ahora se sumarían los 379 mdp mencionados por el nuevo testigo.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, pidió hace unos días al presidente Enrique Peña Nieto, agilizar las investigaciones en contra de su predecesor para conseguir su captura.
