A partir del año 2012 -de la administración de Enrique Peña Nieto- se incrementó el número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en las entidades de Jalisco, Estado de México y Veracruz, informaron Colectivos de familiares de personas desaparecidas y la organización I(dh)eas, “Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC” al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones entregaron el pasado15 de mayo un reporte al Comité de la ONU con el objetivo de brindar un panorama certero sobre la situación de desaparición forzada en el país y para que el órgano internacional tenga la oportunidad de contrastarlo con las respuestas que le entregó el Estado mexicano en cumplimiento a las recomendaciones que emitió el mecanismo en 2015.
En éste destacan que de las más de 35 mil desapariciones reportadas por la RNPED un 61 por cierto (21 mil 602 desapariciones) ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto, (680 del fuero federal y 20 mil 922 del fuero común).
Hasta el 31 de enero de 2018 existen en México 35 mil 410 personas víctimas de desaparición, de las cuales, 8 mil 982 son mujeres y 3 mil 675 niñas y adolescentes.
Las organizaciones sostienen en su informe que el Estado mexicano minimiza la situación sobre la desaparición y para demostrarlo, recabaron declaraciones públicas de diversos funcionarios (gobernadores, fiscales de justicia, alcaldes.) en los que se visibilizan las prácticas de estigmatización y el recurrente discurso que utilizan para minimizar las desapariciones de mujeres y desestimar la lucha de madres en búsqueda de sus hijos e hijas.
Por ejemplo el alcalde del municipio de Ecatepec en el Estado de México, Indalecio Ríos, dijo en julio de 2017 que las desapariciones de mujeres son ausencias voluntarias “por descomposición familiar, o porque “se van con el novio y no avisan”. O bien, están los dichos del Procurador de Justicia de San Luis Potosí, quien dijo en mayo de 2017 sobre la desaparición y posterior asesinato de cuatro mujeres que no se podían calificar como casos de feminicidio porque “podrían ser consecuencias derivadas del propio comportamiento de las víctimas”.
Otras declaraciones, incluyen las que dio en 2015 el hoy candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón sobre las denuncias de madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en el estado de Nuevo León: “Yo entiendo eso, mujeres que lloran todos los días por sus hijos, también hay que decirles la verdad […] las mamás nunca dicen que su hijo anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al gobierno”.
La organización I(dh)eas y los colectivos de familias recalcaron que el Estado mantiene un discurso en el que responsabiliza a los grupos del crimen organizado de los casos de desaparición forzada, “evadiendo su responsabilidad frente al fenómeno” y la “participación directa de funcionarios públicos en los hechos y omisión de los agentes en investigar los hechos”, manifestaron.
Denunciaron además que las autoridades del sistema de procuración de justicia siguen indagando las desapariciones sin tener en cuenta el “entorno social, político u otras causas que favorecen a graves violaciones de Derechos Humanos como la tortura, desaparición forzada o las ejecuciones a manos de las fuerzas del Estado”.
I(dh)eas ejemplificó que en dos casos que han acompañado de desapariciones han aportado elementos a la Fiscalía de Búsqueda de la Procuraduría General de la República sobre la participación de policías en el delito, y al indagar en varios casos del fuero local, documentaron –sin precisar el número o género de las víctimas- de la existencia de “otras investigaciones donde se señala la participación de policía municipal en la desaparición de personas”.
Los colectivos civiles indicaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha reparado el daño por violaciones a los Derechos Humanos por parte de autoridades federales a 101 mujeres, sin embargo, no se sabe cuántos por desapariciones forzadas.
La consecuencia de la falta de rendición de cuentas por la desaparición forzada es el fomento a la impunidad que alimenta la repetición de este delito, agregaron las agrupaciones, quienes informaron que de acuerdo con información que les proporcionó el Poder Judicial Federal, de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017, solo se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada y 12 de ellas son condenatorias.
FAMILIAS SIN REPARACIÓN DEL DAÑO
Entre otras situaciones los colectivos de familias vislumbraron en el informe que hasta la fecha no existe información pública de las compensaciones económicas que ha hecho la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por la reparación del daño a víctimas directas o indirectas de desaparición forzada.
Se conoce, indica el reporte, que hasta el 31 de diciembre de 2017 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de CEAV utilizó únicamente 18 por cierto de los ingresos que obtuvo para reparar el daño a víctimas.
Señalan que en 2017 el Fondo registraba un saldo total de mil 259.7 millones de pesos, resultados de ingresos por mil 683 millones de pesos y de egresos por 423.3 millones de pesos.
De los egresos un 70 por ciento (296.4 millones) fueron destinados para el pago de compensaciones por reparación integral del daño en beneficio de 608 víctimas directas o indirectas, la mayoría mujeres, 321 en total. Es decir, se ejerció solo un18 por ciento del total de ingresos para los fines por los que fue creada la CEAV.
Las organizaciones agregan que de las 608 víctimas que recibieron la compensación como parte de la reparación integral del daño, 184 fueron víctimas de “violaciones a Derechos Humanos cometidos por autoridades federales”, de ellas, 101 mujeres.
La primera vez que México se sometió al escrutinio del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada fue en 2015 donde recibió observaciones y recomendaciones de las que este año comenzó a rendir cuentas. Este Comité tiene el propósito de evaluar el alcance de las medidas adoptadas por México en cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que ratificó el país en 2008.
