Después de haber realizado 30 mil 992 visitas de supervisión a las estancias infantiles durante 2018, la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar, detectó irregularidades en 20 establecimientos que violaron las reglas de operación.
Por ese motivo, las responsables de esas guarderías fueron dadas de baja del programa. Además, otras 19 estancias infantiles fueron cerradas por común acuerdo y nueve, por terminación anticipada de convenio debido a fallecimiento.
Estos datos fueron obtenidos por EL UNIVERSAL a través de una solicitud de información realizada a la Secretaría de Bienestar. En dicha petición se pidió el último informe sobre las estancias infantiles, el cual debió llevarse a cabo tras realizar las 30 mil visitas de supervisión, de acuerdo con el último informe de labores de la dependencia.
Ante este cuestionamiento, la dependencia respondió que las visitas de supervisión “no tuvieron el objetivo de realizar estudios, informes o diagnósticos, sino constatar el cumplimiento de las reglas de operación vigentes, teniendo como resultado la identificación de estancias con incumplimientos que podían causar la baja del programa”.
Las entidades en las que fueron dadas de baja las 20 estancias infantiles irregulares son el Estado de México, con cuatro casos; Veracruz, con tres; Tabasco, con dos; Durango, con dos; Michoacán, con dos, y Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Yucatán, con un caso cada uno.
Expertos consultados por este diario hicieron énfasis en que la cifra de guarderías cerradas por violar las reglas de operación (20) contrasta con otras que el gobierno federal ha proporcionado, por ejemplo, la que hace referencia a los 97 mil niños y niñas fantasma beneficiarios del programa.
Los especialistas también resaltaron información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que indica que siete de cada 10 estancias infantiles eran un foco rojo y representaban riesgos para los menores.
Ante estas aseveraciones, indicaron que los estudios del DIF se centraban en cuestiones administrativas y no en temas de seguridad. A pesar de eso, la actual administración ha argumentado que la mayoría de las guarderías de Bienestar representaban un foco de corrupción y decidió modificar sus reglas de operación para que no recibieran dinero público.
Clara Torres, exresponsable de las estancias infantiles, señaló en entrevista que la antigua Sedesol ordenaba el cierre de las guarderías si se reportaba un problema grave. “No seguir las reglas de protección civil o una queja por abuso sexual, por ejemplo, eran irregularidades graves. Lo que no era grave eran las circunstancias por las que el DIF ponía los focos rojos: no informar los alimentos que iban a comer los menores ese día o no tener bien ordenado el espacio donde iban a dormir”.
En ese sentido, la exfuncionaria criticó que María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, asegurara hace unas semanas que la Sedesol no podía dar de baja guarderías. “Eso es una mentira, claro que la Secretaría de Desarrollo Social podía clausurar estancias infantiles. Lo hacía a través de sus delegaciones, ahí decidían qué guardería se daba de alta y cuál se daba de baja”, explicó Clara Torres.
Asimismo, Lía Limón, fundadora del programa de estancias infantiles, añadió que cuatro autoridades efectuaban supervisiones a esos establecimientos: Sedesol, DIF, Protección Civil y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“La Sedesol era la única institución que podía cerrar una guardería por presentar irregularidades, pero siempre consultaba los informes del DIF y las otras autoridades para complementar su información”, señaló Limón.
Acerca de las 20 estancias infantiles que la Sedesol dio de baja, Limón señaló: “Eso nos da toda la razón a nosotras acerca de que no había fallas sistemáticas en las estancias infantiles. Si sólo fueron 20 las que se cerraron el año pasado quiere decir que no se trataba de algo grave”.
