Dictan sentencia contra seis personas detenidas en septiembre del año 2014, por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron condenados a más de 80 años de prisión por el delito de secuestro.

Los elementos de prueba recabados y aportados por el Ministerio Púbico fueron determinantes para que un Juez del Distrito Judicial de Toluca dictara las siguientes sentencias:

Una de 87 años y seis meses de prisión para Octavio Iván Escobedo Barragán, quien deberá pagar una multa de 892 mil 880 pesos, y 29 mil 100 pesos como reparación del daño.
Una de 80 años de cárcel para Héctor Fernando Ramos Arce, Noé Benítez Valladares, Jesús Hernández Magadan, Mayte Esmeralda Ventura Isabel y Karen Irais Díaz Araujo, y multa de 446 mil 900 pesos y 29 mil 100 pesos como reparación del daño.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de esta Institución, se pudo acreditar la participación de estos sujetos en el secuestro de un joven ocurrido en el municipio de Ecatepec, el pasado12 de septiembre de 2014, cuando la víctima quedó de verse con su amigo Octavio Iván.

El ahora sentenciado, con engaños consiguió que la víctima saliera de su domicilio, al precisar que les presentaría a dos amigas para ir a una fiesta. Sin embargo fue trasladado a un inmueble situado en la calle San Cristóbal del Rancho San Dimas en el municipio de San Antonio de la Isla a donde llegaron otros tres sujetos quienes lo sometieron y lo privaron de la libertad.

Estas personas fueron detenidas el 18 de septiembre del año 2014, cuando tres de los secuestradores acudieron a bordo del vehículo de la víctima a cobrar el pago del rescate, en un banco de la zona centro de Toluca.

La investigación de esta Institución también permitió la ubicación de la casa donde mantenían cautivo al joven plagiado, el cual fue liberado, además de que en el lugar fueron asegurados el resto de los plagiarios.

Tras su aseguramiento estas personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien se encargó de reunir los elementos de prueba en su contra y los remitió ante un Juez, autoridad que previo proceso legal les dictó las condenas respectivas, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaros suspendidos.