La Secretaría de Educación Pública (SEP) ejercerá “todos los medios de defensa necesarios” en contra de los gobiernos estatales que por motivos políticos pacten contra la reforma educativa.
En un comunicado de prensa, la dependencia federal se refirió a la denuncia que interpuso el INEE en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas por haber acordado con la sección 7 de la CNTE en ese estado el lanzamiento para la entrega de cargos y promociones docentes sin mediar los exámenes de oposición, promoción y desempeño como marca la ley.
Afirma que, “bajo ninguna circunstancia, avala o reconoce arreglo, pacto o contubernio alguno” que viole el artículo tercero de la constitución, las leyes generales de Educación (LGE) y del Servicio Profesional Docente (LGSPD), y la Ley y lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que comprenden los cambios legales de 2013 conocidos como “reforma educativa”.
“Si las autoridades de alguna entidad quisieran ejecutar, por motivaciones políticas, actos que contravengan las leyes citadas, la SEP, como es su obligación, procederá a interponer todos los medios de defensa que sean necesarios ante los tribunales federales y los órganos de fiscalización y de procuración de justicia competentes para que se preserve el estado de derecho, y ejercerá toda acción legal para nulificar los nombramientos otorgados por medios diferentes a los establecidos en la Constitución”, dijo la dependencia federal.
En abril presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por las convocatorias que publicó para la asignación de plazas magisteriales el gobierno de Chiapas, y presentó una queja ante la Contraloría General del estado por las irregularidades de los funcionarios que ordenaron dichas convocatorias.
La SEP reiteró que el ingreso al servicio profesional docente se debe hacer por examen, según marca la ley; que la evaluación de desempeño es obligatoria y que habrá consecuencias para quienes no la presenten, como el despido; que los estados están obligados a homologar sus leyes locales a la reforma educativa, y que cualquier otro convenio queda anulado; y que la regularización de docentes que no tienen plaza pero que han estado trabajando, también pasa por la evaluación de desempeño.
