Los servicios de salud sexual y reproductiva de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, así como de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán ignoran a las niñas, adolescentes y mujeres indígenas pues no cuentan con traductores, y el personal desconoce los Derechos Humanos de esta población.
Esto reveló la investigación “Lo público es nuestro”, elaborada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y presentada la semana pasada, la cual determinó que en estas 10 entidades es deficiente el acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos para niñas y adolescentes indígenas.
El ILSB encontró que en las unidades de salud de primer nivel de atención de Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán las niñas y adolescentes indígenas no son tomadas en cuenta pues las instancias carecen de servicios de traducción y tampoco se capacita ni sensibiliza al personal sobre cómo atenderlas.
La falta de “interculturalidad” en los centros médicos representa un problema porque son miles las niñas y mujeres indígenas que acuden por atención durante sus gestaciones, señaló la organización.
Tan sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud (Sinac) de la Secretaría de Salud (Ss) mostró que 9.9 por ciento (mil 111) de los 11 mil 219 nacimientos de niñas de 9 a 14 años en el país y 7.2 por ciento (27 mil 675) de los 384 mil 378 partos de madres entre 15 y 19 años fueron de mujeres originarias de algún pueblo indígena.
El ILSB resaltó que a nivel nacional los embarazos de niñas indígenas se concentraron en las menores de 9 a 14 años, con 9.9 por ciento, lo que, consideró, representa “un alto nivel de vulnerabilidad y posibles situaciones de violencia sexual”.
Sin embargo no se sabe cuántos de los embarazos de indígenas fueron consecuencia de una violación sexual pues no hay un cruce de datos entre el registro de gestaciones reportadas ante las Secretarías de Salud y las cifras del delito de violación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde no hay información sobre la edad de las víctimas ni de su pertenencia a un grupo indígena.
En estados como Aguascalientes y Oaxaca las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual están más expuestas que en otras entidades a presentar embarazos no deseados y afectaciones en su salud por la gestación, pues la investigación reveló que el personal de las unidades de salud desconoce que debe otorgarles anticoncepción de emergencia y servicios de profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual, una obligación estipulada en la NOM-046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
El ILSB obtuvo estas conclusiones a través de diversas solicitudes de información dirigidas a las Secretarías de Salud de las 10 entidades revisadas, entrevistas al personal de las unidades y tras recorrer diversos centros médicos.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
La organización también calificó de “alarmante” que en los estados analizados únicamente en Aguascalientes el máximo de condones disponibles por adolescente fue de 3.16. En Quintana Roo fue de 0.07 condones, en Yucatán de 0.23 y en Chiapas de 0.27 preservativos.
Las cifras otorgadas por las Secretarías de Salud de Veracruz y Puebla no permiten identificar cuántos anticonceptivos destinan para cada adolescente. Además en Puebla las mujeres reciben consultas sobre sexualidad basadas en estereotipos pues, según constató el ILSB, en las unidades de salud aún recomiendan la abstinencia sexual como “método anticonceptivo”.
Por otra parte en Yucatán las unidades no cuentan con condones femeninos mientras que en los otros estados si tienen.
En el área de prevención de embarazos la organización denunció que los gobiernos estatales no enfatizan la responsabilidad que tienen los hombres pues para ellos sólo se promueve, mediante folletos, opciones como la vasectomía, mientras los anuncios gubernamentales de radio y televisión siguen dirigidos exclusivamente a las adolescentes.
Con los resultados obtenidos el ILSB solicitó, por medio de un comunicado, que los gobiernos federales y estatales actúen de inmediato para erradicar los embarazos de niñas y adolescentes pues, dijo, al paso al que va difícilmente cumplirán los objetivos que adquirieron en 2014 con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
Esto porque, destacaron, el número de gestaciones de niñas y adolescentes entre 9 y 19 años de edad va en aumento: En 2014 el Sinac registró más de 364 mil 500 nacimientos en este grupo poblacional, mientras que en 2016 fueron 395 mil 597, es decir, un aumento de 31 mil nacimientos.
