Durante este mes se realizó un foro de mujeres para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).
Este documento tiene una versión preliminar formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se supone que en esa reunión se vieron los temas que se consideran de género como los derechos sexuales y reproductivos y ahora de manera prioritaria la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, a las mujeres también les interesa y les afectan las políticas públicas que contenga el PND en materia ambiental, fiscal, los pueblos originarios; los derechos económicos y laborales o humanos, entre otros. Así como los objetivos mediatos e inmediatos de este documento. En fin, que como mujeres y ciudadanas no son ajenas ni inmunes a todo lo que puede implicar el desarrollo presente y futuro del país.
Los objetivos de este documento son: justicia y Estado de Derecho; Bienestar y Desarrollo Económico. Cuenta con tres ejes transversales: 1. Inclusión e igualdad sustantiva, 2. Combate a la corrupción y mejoría de la gestión pública, 3. Territorio y desarrollo sostenible.
La versión preliminar se publicó en enero de este año y contempla tres foros nacionales y 32 estatales, mesas de debate, foros especiales y consulta ciudadana. La fecha límite de entrega al Congreso para su aprobación es el próximo 30 de abril.
Bueno, pues en este escenario de “consultas” y a fin de contribuir al debate de un proyecto nacional el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM publicó en febrero un documento titulado: “Hacia Una Nueva Política Económica y Social 2019-2024”.
A partir del reconocimiento de que la Estrategia Nacional de Desarrollo y la política económica de las últimas tres décadas han dejado un saldo inaceptable por los elevados niveles de pobreza, concentración del ingreso, desintegración social, deterioro ambiental, debilidad institucional y bajo crecimiento económico, un crecimiento del PIB del 2 por ciento durante 30 años es estancamiento, esta cifra de repite en 2018 como se aprecia en la gráfica; lo más preocupante es que para 2019 Banco de México estima un crecimiento en un rango de 1.1 a 2.1 por ciento, preocupante.
En el caso del PIB per cápita el escenario es más negativo: durante el período 1940/81 este indicador fue del orden de 3.2; pero para 1990/2006 disminuyó a 0.7 por ciento. Desde luego que un nivel tan bajo de crecimiento es totalmente insuficiente para absorber los requerimientos de empleo o de bienestar social de la población.
El gobierno actual tiene como meta un crecimiento del 4 por ciento y en el tercer año de gobierno una reforma fiscal que es indispensable, para generar inversión pública y también una redistribución del ingreso.
Regresando al documento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), éste tiene planteamientos importantes alineados al objetivo central de resolver esta problemática que tanto afecta a hombres y la desigualdad económica y de género que convierte a las mujeres en pobres sin derechos.
Son once propuestas que se resumen a continuación:
Privilegiar como objetivo acelerar el crecimiento económico incluyente hacia niveles mínimos del 4 por ciento anual.
Aumentar la inversión pública como pivote del crecimiento, en particular en infraestructura, a un mínimo de 5 por ciento del PIB.
Es imperioso acordar una reforma fiscal de fondo.
Activar política industrial moderna, tecnológica y educativa.
Desplegar nueva política energética para hacer del sector un motor del desarrollo económico nacional y regional.
Impulsar el desarrollo del campo como parte de una estrategia de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza.
Construir un Estado de Bienestar Social.
Avanzar a una nueva política laboral.
También está contemplado el tema ambiental como una prioridad en la concepción del desarrollo, con un cuidado del planeta y de las riquezas naturales del país.
Como bien se puede apreciar la mayoría de los aspectos señalados coinciden con las propuestas de este gobierno, en todo caso puede haber diferencias en el cómo lograrlo. En el punto 2 la situación es crítica porque en esta concepción neoliberal de que el Estado no debería ocuparse de los asuntos económicos y la inversión vendría del sector privado lo que sucedió es que para el período 2013-2018 la inversión pública tuvo una caída de 3.38, en cuanto a la inversión privada apenas fue de 2.15, insuficiente a todas luces.
Por lo consiguiente la situación del país en materia de infraestructura es crítica y un embudo para el crecimiento económico, provocando mayor desigualdad regional. Es indispensable que la inversión pública crezca y para eso se requieren recursos públicos y unas finanzas sanas.
Activar una política industrial moderna, tecnológica y educativa es fundamental e indispensable para competir en el mundo y para crecer como país y como economía. Ya se vio que ese “método” de competir con salarios miserables llegó a su límite y lo peor de todo es que fue una decisión impuesta por los países miembros del T-Mec: Canadá y Estados Unidos, muy vergonzoso.
En el punto 5 es sabido que para el presidente el tema energético es prioridad número uno y con sobrada razón.
¿Qué implica avanzar en una nueva política laboral según este documento? Consideran urgente detonar una dinámica de creación de empleos de calidad e inclusión, enmarcada en una visión de futuro, que responda a los grandes cambios en el mundo del trabajo.
“El fortalecimiento sostenido del salario mínimo a fin de que, a corto plazo, pueda llegar a cumplir con el mandato constitucional y, a la vez, fungir como un piso efectivo de la estructura salarial; detonar la mejoría del nivel general de salarios, congruente con una estructura productiva generadora de mayor valor agregado y más altos niveles de calificación; y dejar de utilizar el salario como el principal instrumento de contención inflacionaria y promover que las ganancias de una mayor productividad se reflejen de manera efectiva en las remuneraciones al trabajo”.
Por supuesto se propone regular la situación de las personas trabajadoras informales, que tengan acceso a sus derechos laborales, como la seguridad social.
Aquí cabe un agregado esencial: sin desigualdad de género, abatir esas brechas que dejan a las mujeres fuera de la dinámica de crecimiento o de los derechos laborales. Porque todo esto que se ha mencionado para el mundo laboral es lo mínimo indispensable que se requiere y un poco más, Lo mismo se puede decir de prácticamente de todo el documento. Si, pero siempre si con igualdad de género, incluyente.
Por cierto, no se puede pensar en un empleo que genere mayor valor agregado sin desarrollo científico y tecnológico, es decir con la propuesta del punto cuatro. Este es sólo un ejemplo de cómo todos y cada uno de los puntos referidos están estrechamente vinculados y forman parte —ya en conjunto—, de una estrategia para un proyecto de nación, pero incluyente. Sin las mujeres no puede haber “proyecto de nación”, así de simple.