El sistema político-electoral de Estados Unidos realiza elecciones prácticamente todos los años, aunque éstas se efectúen sólo en algunos estados, segun análisis del CESOP (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública).
En dichas elecciones se deciden cargos de gobierno estatales y locales, que forman parte de un sistema de pesos y contrapesos.
Cada cuatro años los estadounidenses convocan a elecciones para la elección de presidente y un vicepresidente. El año de la elección del presidente coincide con la elección de la tercera parte de los senadores, que se renueva cada dos años. De la misma manera la elección de senadores coincide también con la elección de la Cámara de Representantes, los cuales son elegidos para un periodo de dos años.

El Colegio Electoral está conformado por el conjunto de electores o compromisarios de todos los estados. Los compromisarios o electores se distribuyen entre los 50 estados y el distrito de Columbia en función de su población. El número total coincide con el número de senadores (100) y representantes (435) que actualmente corresponde a cada estado, así como a los tres delegados del distrito de Columbia, para sumar un total de 538 electores.

Cada estado tiene dos senadores y por lo menos un miembro de la Cámara de Representantes, por lo cual el mínimo de electores para cualquier estado es tres.
El candidato que obtiene más votos en un estado, aunque sea por una diferencia mínima, obtiene el total de votos de los electores que corresponden a ese estado, con excepción de Nebraska y Maine, que distribuyen el voto electoral de forma proporcional entre cada candidato de acuerdo con el porcentaje de votos populares obtenido. Para ganar las elecciones presidenciales un candidato debe obtener la mayoría absoluta, es decir, un mínimo de 270 votos de los electores (número mágico), de un total de 538.

De acuerdo con el sistema del Colegio Electoral, el voto popular para Presidente no tiene fuerza decisiva. En consecuencia, cabe la posibilidad de que los votos electorales concedidos de acuerdo con las elecciones estatales puedan producir un resultado diferente del obtenido a partir del voto popular en toda la nación. De hecho, en 17 elecciones presidenciales el ganador no obtuvo la mayoría de los sufragios en términos del voto popular.

Los estados con mayor peso electoral en Estados Unidos son: California (55), Texas (38), Florida (29), New York (29) Pensilvania (20), Illinois (20), Ohio (18), Georgia (16), Michigan (16), New Jersey (14), N. Carolina (15), Virginia (13); a estos se les debe sumar otros 9 Estados con votos que oscilan entre los 12 y 10 votos electorales; y 29 Estados que van desde los 3 hasta los 9 votos electorales.

Las elecciones para el Congreso de Estados Unidos son de gran trascendencia y suelen ser tan competidas como las de presidente. Al interior del Congreso estadounidense la disciplina partidista es menor, a diferencia de los sistemas parlamentarios. Desde 1960 las elecciones nacionales se han enfocado cada vez más en los candidatos y no en su filiación partidista.

Desde 1976 existe un sistema de financiamiento de campañas con fondos públicos en el que los candidatos se comprometen a gastar una suma específica. Después de las elecciones de 2000, muchos candidatos han renunciado a los fondos públicos, pues este sistema ya no les fue atractivo, porque se consideró que los límites en los impuestos eran demasiado bajos, e inferiores a las sumas que podían recaudar de fuentes privadas.

El proceso por el cual se reúne y se gasta el dinero está exhaustivamente reglamentado por la Comisión Federal de Elecciones. Para la supervisión de gastos de campañas se registran comités políticos de varios tipos. Además de los candidatos, los partidos políticos deben registrar sus propios comités en ese organismo. Incluso cualquier grupo de ciudadanos particulares puede formar su propio comité político.

Por su parte el sistema político-electoral en México se enfrenta a un fenómeno de fraccionamiento de voto, lo cual hace que este se reparta en un gran número de partidos políticos, lo que a su vez deriva en el establecimiento del poder de minorías, esa fragmentación de poder deriva en falta de proyectos claros de nación, por lo que se deja de atender el interés generalizado, lo que ocasiona tensión política y social al interior del país.
No obstante el proceso de la transición democrática, México presenta señales de inconformidad, lo que hace evidente la falta de identificación ciudadana con los grupos en el poder. Los ciudadanos, cada vez más, se sienten menos representados por los partidos políticos, y esto se refleja en el desempeño de nuestra economía, en las direcciones que toma la política exterior y en la estructura social que se caracteriza por la desigualdad y la pobreza.

El documento señala que en el contexto de corrupción en el que ha caído el sistema político en México, sería de vital importancia la concepción e instauración de cargos de elección popular que generen equilibrios de poder, especialmente con los titulares de los órganos de fiscalización, pues debido a la falta de independencia y al control político sobre ellos, actualmente México enfrenta una crisis de corrupción que nos ubica entre los países peor calificados a nivel internacional, y que ha derivado en el debilitamiento del sistema político.

La distribución de poder es uno de los principios básicos de toda democracia. A través de el  se puede lograr la transparencia y rendición de cuentas, tanto institucional como política e individual. En este sentido, la distribución del poder implica poner frenos y contrapesos a los actores y factores reales de poder. Desde esta perspectiva, no obstante los grandes esfuerzos que se han realizado en México, sigue imperando una concentración de poder, principalmente en el Ejecutivo.

Para lograr un equilibrio de poder en México es necesario disminuir de forma significativa la corrupción e impunidad que imperan en el sistema político administrativo. Romper con este círculo vicioso determinará el éxito o fracaso de cualquier política que se pretenda instaurar en el país, lo que a su vez se reflejará en la disminución de la pobreza y la desigualdad.
La autonomía de los órganos de fiscalización es de gran relevancia y de carácter imprescindible para el combate a la corrupción, pues jamás será lo mismo que el titular de un órgano como este sea designado o propuesto por la figura a quien auditará o evaluará (como actualmente sucede), a que sea ocupado por un candidato ciudadano o por un partido de oposición, el cual debería ser electo por voto popular.

Con base en esta propuesta, los ciudadanos podrían elegir a un gobernante y, a la par, a quien fiscalice el desempeño de funciones y el manejo de dinero de ese gobernante.