Hace unos días se dió a conocer que la Cámara de Senadores había aprobado modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) que ponían en peligro la libertad de internet e imponía penas a quienes realizaran cambios en sus dispositivos electrónicos. Pues, a pesar de las protestas y alertas al respecto, la Cámara de Diputados aprobó los cambios.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lanzó un comunicado el pasado 1 de julio en donde advierte que: “de manera apresurada y sin discusión, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron diversas reformas a la LFDA y al Código Penal Federal derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) mismas que violan la Constitución, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan gravemente en contra de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México”.

Las modificaciones se aprobaron a pesar de que R3D y otros especialistas, desde hace unos meses, estuvieron trabajando con un grupo de diputados de diversos grupos parlamentarios para desarrollar un paquete de reformas para garantizar la libertad de expresión. “Lamentamos profundamente que esa voluntad política para defender la libertad de expresión en este caso haya sido nula”, mencionaron en un comunicado en su página de internet.

El organismo enfatizó que, ante los intereses privados, se están abandonando las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

“Anunciamos que combatiremos las reformas aprobadas ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, anunció R3D.

Censura en internet
Las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor establecen un mecanismo conocido como “notificación y retirada” que obliga a los proveedores de servicios de internet a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor; sin necesidad de que se aporte prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.

Aunque la intención de esta medida es proteger la propiedad intelectual, algo que ha resultado muy complicado hacer en internet, el problema es que cualquier particular podría estar en posibilidad de censurar expresiones en línea sin que tenga que seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor.

R3D señala que en la modificación “se establece un mecanismo extrajudicial de censura claramente violatorio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Advirtieron además que “las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y que legalizan la censura en Internet configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria”.

El organismo asegura que, incluso antes de la aprobación de esta modificación ya habían detectado algunos actos de censura. “Hemos documentado cómo en México se han bajado páginas enteras con información periodística de interés público bajo una supuesta vulneración a los derechos de autor, y ha sido abusado por parte de diversos actores políticos y económicos para censurar. Este procedimiento extrajudicial pone en mayor riesgo el ejercicio periodístico en México”.

Cárcel por modificar dispositivos
Otro de los puntos de controversia es que, según las modificaciones al Código Penal Federal, se criminalizará la elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales) sin contemplar excepciones, a pesar de que estas existen en Estados Unidos y están permitidas por el TMEC.

Con los cambios será ilegal y meritorio de sanciones, que van desde multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión, eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico. También eludir un candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión.

Lo anterior quiere decir que los usuarios no podrán, por ejemplo reparar o modificar sus dispositivos electrónicos a menos que los lleven directamente con el fabricante. Un cambio de batería, de procesador o de software podría significar una importante sanción.

Unidos

Algunas de las organizaciones que se están uniendo para ir en contra de estas medidas son: Aluna Acompañamiento Psicosocial; Article 19, Oficina para México y Centroamérica; Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA); Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Barracón Digital; Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C.; CIMAC; Civic Innovation Lab, UNAM; Colectivo La Raza; Comunidad Elotl, Tecnología para las lenguas mexicanas; Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina; Creative Commons México; Criptomiau y Datos Protegidos, entre muchos otros organismos más.