Advierten que de entrar en colapso, 537 mil 616 estudiantes quedarían sin clases

A partir de octubre, no podrán pagar nómina de maestros y trabajadores

La Cámara de Diputados avaló un exhorto de urgente y obvia resolución para solicitar audiencia al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, a fin de que dé cuenta de los recursos extraordinarios no regularizables destinados a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera.

El punto de acuerdo que se remitió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también solicita a los titulares de los Poderes ejecutivos de las entidades federativas involucradas, asumir la responsabilidad que les corresponda.

Al argumentar la petición, el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) advirtió que “se avecinará una situación de extrema urgencia en las universidades públicas de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, de no atender este problema”.

Cada una de estas instituciones educativas “entrarán en un colapso financiero que las paralizará, dejando sin clases a 537 mil 616 jóvenes, que representan el 32 por ciento de total de la matrícula de estos centros de estudio”, subrayó.

Mencionó que cada año presentan la misma situación, resultado de que tienen un subsidio que no se cubre, desde hace años; el total de las obligaciones contractuales con sus respectivos sindicatos, y la falta de reconocimiento de sus plantillas laborales, mismas que han crecido por el aumento de la cobertura.

Año tras año, continuó, al final del periodo fiscal, la Secretaría de Hacienda les otorgó apoyos con recursos extraordinarios no regularizables; sin embargo, a pesar de existir un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los trámites para su apoyo se han estancado.

A pesar de ello, dijo, “se percibe un gran vacío en la administración federal, donde el gabinete que se va ya no da respuesta, en tanto los que llegarán no tienen posibilidad, en este momento, de atender y resolver el problema”.

Expresó que si bien hay avances en las universidades, se debe tener en cuenta que han estado haciendo cada vez más con menos recursos financieros; han incrementado sus indicadores de calidad y competitividad académica a costa de serios esfuerzos de ajuste al gasto y programas de austeridad, añadió.

“Esto se hizo a tal grado que sus funciones sustantivas se encuentran en permanente amenaza; por tanto, persisten los rezagos e inercias, muchas de las cuales se han derivado de una compleja situación financiera que aqueja a estas instituciones educativas”, subrayó.

“Si pretendemos desempeñar un papel decoroso en el ámbito de la sociedad del conocimiento, debemos aspirar a contar con una educación superior pertinente y de calidad debidamente financiada, toda vez que ésta representa un insumo fundamental para impulsar el desarrollo del país y de los ciudadanos en su competitividad”, agregó.

El diputado Carlos Torres Piña (PRD) comentó que en México, durante las últimas décadas, el gasto público en la educación ha crecido de manera consistente y aunque este esfuerzo ha permitido que se den importantes avances, todavía existen múltiples necesidades en el sistema educativo del país.

Resaltó que esa inversión es un factor fundamental para contar con una ciudadanía capaz de enfrentar retos, participar en una economía cada vez más globalizada y consolidar sus democracias hacia una mayor equidad y participación social.

Advirtió que a partir de octubre “ya no se podrá pagar la nómina de los maestros, ni de los trabajadores”. Inclusive, dijo, es posible, que se suspendan clases en la Universidad Michoacana. Se pronunció por legislar y asignar recursos a la educación, pero también regular, “porque hay altos funcionarios que son parte de las rectorías que ganan cantidades altas”.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (MC) indicó que en México sólo 3.8 de cada 10 jóvenes cuentan con la oportunidad de asistir a alguna universidad o institución de educación superior, pública o privada.

Resaltó que, a pesar de que las universidades han aumentado su cobertura en nuestro país y diversificado su oferta educativa, están viéndose en una situación de crisis.

Algunas de las causales, agregó, son plantilla no reconocida por la Secretaría de Educación Pública, el haber convenido prestaciones con sindicatos no contemplados en el modelo de financiamiento, adeudos de carácter fiscal o a proveedores de seguridad social, explicó.

Por ello, expresó su apoyo al punto de acuerdo y estimó importante que en el diálogo con la Secretaría de Hacienda, estén presentes los rectores para que escuchen algunos planteamientos, a fin de que las casas de estudio puedan mejorar su manejo financiero.

Del PT, el diputado Alfredo Porras Domínguez subrayó que lo más triste que se puede encontrar en el sistema educativo es que los maestros no reciban los salarios correspondientes por la catedra correspondiente.

Estimó que se tiene la gran oportunidad, una vez que se cite al funcionario de Hacienda, para evitar que Chiapas, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas y Baja California Sur tengan problemas económicos para el pago de los maestros.

Además, se está ante la posibilidad de evitar un conflicto político-social importante, pues son más de 530 mil estudiantes los que pueden quedarse fuera de las aulas.

En tanto, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) mencionó que a uno de cada tres estudiantes le preocupa lo que va a pasar con sus universidades. Por ello, expresó su convicción de apoyar la estrategia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación.

Planteó que, además de la audiencia que se tendría con el titular del ramo, se pueda hacer un exhorto para que se revise la fórmula de distribución del subsidio federal que data del año 1978, ya que el país ya no es el mismo y existe la exigencia de tener universidades con un mayor nivel y egresados con mayores herramientas para salir a competir al trabajo laboral.

El diputado Adolfo Torres Ramírez (PAN) señaló que la educación es la mayor apuesta de movilidad social para los mexicanos; por ello, buscarán sumar esfuerzos para que los jóvenes reciban los apoyos necesarios y continúen beneficiándose de la educación superior.

Pidió se implementen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de los recursos para erradicar los casos en que se ha dejado a las universidades en situaciones precarias. La Auditoría Superior de la Federación podría llevar a cabo auditorías para definir los puntos débiles y las áreas de oportunidad, logrando así una mejor administración en los recursos y que el dinero público se transparente.

Solicitaremos asignar presupuesto suficiente que permita gozar de educación de calidad, infraestructura, así como salarios dignos a los trabajadores universitarios.