Pareciere innecesario legislar una y otra vez en Guatemala sobre aspectos que buscan concretar una vida digna para las niñas y adolescentes, si se toma en cuenta que -según la Constitución Política- el Estado tiene la obligación de protegerlas y de garantizar sus derechos, además ha suscrito por lo menos 14 ordenamientos internacionales cuyo objetivo es garantizar su vigencia. De igual manera hay un conjunto de leyes que penalizan la violencia sexual, el embarazo y matrimonio forzados, los delitos de trata, por mencionar algunos.
A pesar del marco legal vigente, lo cierto es que existe una problemática -casi ignorada por la sociedad- que sufren las niñas en Guatemala cuando son violadas, la cual se agrava cuando producto de tales agresiones ellas tienen un embarazo no deseado y se les obliga a ser madres.
Las cifras de los centros de salud, principalmente públicos, reportan el número de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años de edad: en 2016, sumaron dos mil 500; y en este año, la cantidad será parecida. El número de exámenes médicos por delitos sexuales que se realizaron a niñas de ese mismo rango de edad, de enero a agosto superaron los dos mil 700. Ambos datos sólo representan una muestra, ya que no todos los nacimientos ni todas las violaciones sexuales se dan a conocer, como tampoco se tiene información de los embarazos que no terminan.
Contar con un panorama completo es difícil, pero lo que sí se conoce es que hasta ahora ninguna ley ni campaña a favor de una vida sin violencia para las niñas, ha inhibido que hombres adultos, principalmente familiares y conocidos, las agredan y de manera forzada las obliguen a truncar sus sueños porque las conviertan en madres a la fuerza.
Todos los hombres, de cualquier edad y posición social, deben reconocer que el cuerpo de las niñas no les pertenece. Mientras ellos cambian sus actitudes machistas que provocan tanto daño a las pequeñas, cobra relevancia una iniciativa de ley que permita una reparación digna a las víctimas de violación sexual (es decir, se otorgue previo a la sentencia que se dicte contra el inculpado), y transformadora (que va más allá de lo económico); eso significa, proteger a las niñas que enfrentan un embarazo forzado, garantizándoles la posibilidad de interrumpirlo en condiciones seguras y voluntarias.
Pareciera improcedente pensar que el Congreso vaya a aprobar una ley a fin de restituir los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual mediante “la reparación digna y transformadora”, de ahí la importancia de que la opinión pública exprese activamente su respaldo a la misma; además manifieste su indignación porque diariamente nacen hijas/os de niñas ultrajadas por padres, abuelos, hermanos, tíos o primos, pastores o maestros, vecinos o amigos, práctica impune que nunca más tiene que ser ignorada ni entendida como normal: a las niñas no se tocan, no se violan ni se les obliga a ser madres.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
