El caso de la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, la joven que en 2002, a sus 17 años de edad, fue víctima de tortura sexual por dos militares mientras seis más presenciaban el crimen, podría obtener justicia en el fuero civil, si la sentencia que emita el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero es favorable, con lo que se convertiría en el primer caso de violación y tortura sexual cometido por elementos del Ejército que se resuelva en el fuero civil.
Después de que el 1 de octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en la violación de Valentina, la investigación se reactivó y en próximos días la jueza Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, Iliana Fabricia Contreras, emitirá una sentencia contra dos presuntos responsables.
Cuando ocurrió el crimen, hace 16 años, Valentina denunció pero no obtuvo respuesta. A paso de tortuga logró avances cuando la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) llevaron su caso a instancias internacionales.
En 2014, cuatro años después de que CoIDH emitiera una sentencia, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a cuatro miembros del Ejército como presuntos agresores de la violación sexual de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, indígena que también fue violada sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero.
Las organizaciones que representan a Valentina afirmaron en un comunicado que los procesos penales contra los perpetradores son clave para el acceso a la justicia, por lo que aseguraron que las reparaciones en materia de justicia se considerarán cumplidas hasta que haya sentencias firmes contra los responsables.
LARGO PROCESO
En febrero de 2002 Valentina fue atacada por ocho militares mientras lavaba ropa en un arroyo cercano a su comunidad en Caxitepec, municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero. Al verla los efectivos castrenses le preguntaron por unos “encapuchados” y al no responder dos la violaron mientras seis observaban.
Valentina denunció y exigió que se realizaran las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables pero la investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, donde el caso se archivó, como se constata en el expediente ventilado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Es por esta razón que la CoIDH ordenó al Estado mexicano: “conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal que tramite en relación con la violación sexual de la señora Rosendo Cantú (…)”. Es decir, el organismo pidió que se investigara en juzgados civiles y no militares.
Posterior a la resolución, en 2011 las investigaciones se radicaron en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR; y en 2014 se detuvo a cuatro militares, dos implicados en el caso de Valentina y dos más en el de Inés.
Aunque estos casos son similares llevan procesos por separado así que mientras el caso de Valentina avanzó y pasó a un Juzgado, la indagatoria en el caso de Inés sigue en el desahogo de pruebas. En ambas investigaciones los militares permanecen en prisión aunque en el caso de Inés, uno de los implicados ya murió.
CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN
A decir de Tlachinollan y Cejil, estos actos de tortura sexual cometidos por elementos del Ejército mexicano se dieron en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que se denominó “violencia institucional castrense.”
Es por ello que la sentencia que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emita podría materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años.
Desde que comenzó su proceso penal, la joven ha enfrentado amenazas, hostigamiento y agresiones que han impactado a nivel personal, familiar y comunitario toda vez que fue rechazada por la gente de su pueblo por ser víctima de violación, un tema que recalcó en 2011 cuando el Estado mexicano fue obligado a ofrecerle una disculpa pública por llamarle mentirosa.
En este sentido las organizaciones que litigaron el caso a nivel internacional destacaron que este será el primer caso de violación y tortura sexual cometida por elementos del Ejército que está a punto de resolverse en el fuero civil.
Los dos militares que son juzgados en el caso de Valentina enfrentan acusaciones por violación sexual, tortura y abuso de autoridad, entre otras. Aunque cabe decir que el resto de los implicados no fue localizado porque para hacerlo se necesitaba que las sobrevivientes los reconocieran fehacientemente através de fotografías.
Aun así, para las agrupaciones civiles, la jueza de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional.
Es de mencionar que en mayo de 2015, al analizar las sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, estableció la CoIDH en las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés.
En este contexto Tlachinollan y Cejil consideraron que la próxima resolución es clave ahora que en México se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, una actividad regulada en la Ley de Seguridad Interior, recién promulgada en diciembre de 2017.
“Este nuevo marco normativo, criticado por diversos mecanismos internacionales de Derechos Humanos, también va en contra del sentido de la sentencia de la Corte IDH que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a Derechos Humanos cometidas por el ejército”, expusieron.
