A casi dos años del sismo que ocurrió en la Ciudad de México, aún continúa la duda del uso y destino de los recursos por más de 3 mil 413 millones que donaron cerca de 22 países para la reconstrucción de edificios.

Y todo porque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces titulada por Luis Videgaray Caso (2017-2018), no reguló, coordinó ni registró los donativos internacionales para la reconstrucción, así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una revisión de la Cuenta Pública 2018.

“Se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, dice una de las conclusiones del órgano fiscalizador en una revisión de desempeño dictaminado el 6 de junio pasado.

“Las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la SRE no contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población”, abunda el órgano fiscalizador.

El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados que ocasionó daños en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y el 19 de ese mismo mes, se presentó otro sismo de magnitud 7.1 grados que afectó escuelas, hospitales y viviendas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con el Gobierno Federal que encabezó Enrique Peña Nieto, el costo de la reconstrucción y rehabilitación se estimaba en 48 mil millones de pesos. El sector privado y la sociedad civil a nivel nacional e internacional contribuyeron con apoyo monetario para apoyar a la ciudadanía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruyó a las dependencias de la administración pública federal para que los donativos fueran canalizados al Fideicomiso Fuerza México. De acuerdo con el Senado de la República, al 5 de diciembre de 2017, se contabilizaron aportaciones monetarias por un total de 3,413.4 millones de pesos en apoyo a las fases de urgencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017; además, algunos bancos realizaron campañas.

Centro de acopio para los damnificados del sismo en la Ciudad de México. Foto: Alfredo López Casanova

De ese monto otorgado por 22 países, fueron 3,234,169.5 dólares americanos; 48,494.0 euros; 20,161,550 pesos mexicanos; 600,000 dólares canadienses y 500,000 pesos filipinos.

Sin embargo, los resultados de la fiscalización mostraron que en materia de regulación la Secretaría de Relaciones Exteriores, como miembro del Consejo Nacional de Protección Civil, “no estableció bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos internacionales”, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil.

Eso ocasionó que la SRE no lograra gestionar los donativos internacionales, ya que “no contó con información confiable y oportuna que certificara que los apoyos arribaron a territorio nacional”, en incumplimiento del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria y de la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre.

Sobre el registro, la cancillería no inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo las donaciones internacionales con motivo de los sismos de 2017, por lo que “se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.

La dependencia tampoco acreditó con documentación que recibió la instrucción de Hacienda, de canalizar los donativos en dinero al Fideicomiso Fuerza México, en incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.