La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila cumplimentó cinco órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas ocurrida durante la matanza de reos en el Penal de Piedras Negras, en enero de 2012, informó el titular de la dependencia, José Ángel Herrera Cepeda. La mayoría de las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia y fueron secuestradas en distintos municipios de la zona norte del estado y llevadas a esa cárcel donde fueron asesinadas por internos y personas en libertad que tenían acceso al inmueble. Al menos 150 fueron ejecutadas por esa célula del crimen organizado. Los hornos crematorios operaron durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés.
Fotos: Breitbart
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila detuvo a cinco personas acusadas del delito de desaparición forzada de personas tras “cocinarlas” en el Penal de Piedras Negras, informó José Ángel Herrera Cepeda.
Además, el encargado del despacho de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas señaló que durante 2012, el control del Penal por parte de los grupos delincuenciales era tal, que dentro del mismo fabricaban ropa táctica y modificaban vehículos.
La mayoría de las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia y fueron secuestradas en distintos municipios de la zona norte de Coahuila y llevadas al Cereso de Piedras Negras, donde las mataron internos y personas en libertad que tenían acceso al inmueble.
En este contexto, Herrera Cepeda informó ayer que las investigaciones han arrojado la detención de cinco personas.
El funcionario reveló que los nombres de los aprehendidos son: David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Ramón Burciaga Magallanes y Manuel Elguezabal Hernández.
Herrera destacó que hay otorgadas otras 10 órdenes de aprehensión, la cuales se están buscando cumplimentar.
Añadió que internos identificaron a Burciaga Magallanes, uno de los detenidos, como quien ordenaba ejecutar e incinerar posteriormente a internos.
Al menos 150 personas fueron asesinadas por células del crimen organizado dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras. Los hornos de Los Zetas operaron durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés. Hoy gobierna su hermano Rubén. Hasta donde se sabe, ningún funcionario de prisiones o de seguridad está detenido, aunque en enero se libraron órdenes de aprehensión contra policías.
Breitbart y SinEmbargo difundieron en febrero pasado, una investigación del diario texano donde detalla cómo Los Zetas utilizaron una red de hornos para encubrir el exterminio masivo y sistemático de personas inocentes durante el periodo que abarca de 2011 a 2013, cuando el cártel tenía un completo control gubernamental sobre la mayor parte del estado de Coahuila.
Desde el Gobernador de Coahuila hasta las cárceles de la ciudad, Los Zetas tenían el dominio completo de todos los aspectos del proceso gubernamental y de la vida de los ciudadanos, incluyendo a los medios de comunicación. Sus atrocidades en Coahuila han permanecido mucho tiempo sin ser reportadas y documentadas por dependencias gubernamentales, locales, estatales, federales o internacionales.
Así como la impunidad con la que Los Zetas operan y los horrores que tuvieron lugar en la prisión de Piedras Negras. A finales de enero, El Diario de Coahuila también dio algunas respuestas en cuanto a lo que realmente sucedió dentro de ese penal. Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, Los Zetas tenían pleno control operativo del centro penitenciario hasta el punto de que llevaron a más de 150 personas a la prisión para torturarlas, asesinarlas e incinerarlas. A pesar de la brutalidad del caso, los principales medios de televisión y la prensa de Estados Unidos han ignorado el secuestro y asesinato de cientos de personas de Allende, Coahuila.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Cereso de Piedras Negras tiene sobrepoblación y los reos ejercen funciones de autoridad.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de 2015 destaca que ese penal carece de personal capacitado para realizar sus funciones, los internos viven hacinamiento y en precarias condiciones de higiene.
Mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) reporta que el penal de piedras Negras es la cárcel con mayor sobrepoblación entre las siete que existen en Coahuila. Tiene una capacidad para albergar a 864 reos, pero a enero de 2016 había 934, una sobrepoblación de 8 por ciento.
El Cereso de Piedras Negras es la segunda cárcel más grande del estado, sólo superado por el Centro Penitenciario de Torreón, que tiene una capacidad para albergar a mil 94 reos.
Cuatro directores han dirigido el penal en los últimos cuatro años. En abril de 2013, José Antonio Castillo Juárez fue designado director del penal y días después asesinado dentro de las instalaciones.
El actual director, Jesús Rosado de la Rosa, fue miembro del Grupo de Armas y Tácticas Especiales.
LOS HORNOS DE LOS ZETAS
Dentro de la cárcel, carniceros de Los Zetas desmembraron los cuerpos de los hombres, mujeres y niños que habían sido secuestrados. Foto: Vanguardia
Durante la masacre desconocida de México, Los Zetas llevaron a cabo un exterminio sistemático al matar e incinerar más de 400 personas en Allende y los pueblos de los alrededores. Aunque los detalles sobre lo que realmente ocurrió apenas han empezado a ver la luz del día.
En marzo de 2011, Los Zetas movían alrededor de una tonelada de cocaína por mes a través de la parte norte de Coahuila hacia Eagle Pass, en Texas. Después de pagar por las drogas y de cubrir los gastos del tráfico, Los Zetas obtenían ganancias de alrededor de 6 y 12 millones de dólares mensuales solo en el pasillo entre Piedras Negras y Eagle Pass, según confesó un testigo en un juicio de EU sobre el lavado de dinero de Los Zetas.
A principios de 2010, Los Zetas declararon la guerra a sus antiguos jefes del cártel del Golfo. El brutal conflicto armado disparó la demanda de efectivo por parte de los Zetas, mientras que la organización criminal se vio necesitada de conseguir fondos para comprar armas y hombres armados que lucharan por los territorios en el estado de Tamaulipas y en los estados de Veracruz y Nuevo León.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el periodista de Proceso Juan Alberto Cedillo, quien ha pasado años recabando datos de la matanza, fue en marzo de 2011 que el capo local, Mario Alfonso Cuéllar y sus asociados, Héctor “El Negro” Moreno Villanueva y José Luis “La Guiche” Garza Gaytán fueron culpados por la jerarquía superior de los Zetas sobre el faltante de dinero por el tráfico de cocaína.
Aún no está claro si los ingresos por el tráfico de la droga fueron, de hecho, robados por capos locales o si las cargas se perdieron durante los decomisos de las autoridades. Lo que se sabe es que Moreno Villanueva y Garza Gaytan huyeron a América donde buscaron la protección del gobierno de EU como informantes y testigos federales
“Un montón de muertes”, dijo Moreno Villanueva a una corte federal en un caso contra Los Zetas. “Incluso empezaron a matar las familias de Allende y Piedras Negras, y en Muzquiz y en Sabinas. También querían matarme”.
Miguel Ángel Treviño Morales, “El 40”, uno de los principales líderes de Los Zetas, ordenó un exterminio sistemático en la zona de Allende, en los pueblos cercanos llamados Cinco Manantiales, y también en Piedras Negras.
La orden era simple: matar a cualquiera relacionado, asociado o que, de cualquier forma, tuviera contacto con Villanueva o Garza Gaytán.
Según la información recogida por Breitbart, los Zetas comenzaron a reunir a familias enteras, amigos, parientes lejanos y personas inocentes que tuvieran alguno de esos apellidos, incluso si no estaban relacionados.
De acuerdo a la información del medio texano, en Allende, Los Zetas torturarían y ejecutarían a las víctimas usando una variedad de métodos crueles. Los cuerpos fueron llevados a un rancho cerca de Allende o a la prisión de Piedras Negras para hacer desaparecer los cadáveres.
Dentro de la cárcel, carniceros de Los Zetas desmembraron los cuerpos de los hombres, mujeres y niños que habían sido secuestrados.
Las partes humanas fueron colocadas en tambos de 200 litros llenos de diesel y luego se les prendió fuego. Después de varias horas, la mayor parte de los restos humanos desaparecieron, dejando a cientos de familias sin respuestas.
Las cenizas fueron arrojadas luego dentro de arroyos locales que conducen al Río Bravo. Mientras que la mayoría de tambos siguen en casilleros de una instalación de almacenamiento utilizada por la oficina del Procurador General en Coahuila, algunos de ellos han sido reutilizados como contenedores de basura en la ciudad.
DESAPARECIDOS EN ALLENDE
Las dos personas desaparecidas en Allende, por las que se abrió un expediente, eran vendedores. Foto: Archivo Vanguardia.
La tarde del 18 de marzo de 2011 al menos 30 camionetas con hombres armados cerraron las entradas y salidas del municipio de Allende. Hombres, mujeres, niños fueron llevados a la fuerza por los civiles armados.
Las desapariciones masivas se extendieron también a la Región de Cinco Manantiales que abarca los municipios: Villa Unión, Nava, Morelos y Zaragoza. En total fueron cerca de 300 desaparecidos de toda la región.
Durante la administración del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés (2005-2011) se registraron mil 811 homicidios dolosos y 141 averiguaciones previas por secuestro o privación ilegal de la libertad en Coahuila, de acuerdo con las carpetas de investigación integradas al reporte de Incidencia Delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
A pesar de la desaparición en la región de Cinco Manantiales, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) únicamente tiene un expediente por la desaparición de dos personas.
Esto fue revelado en virtud de una respuesta obligada por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) para que la CDHEC informara cuántas personas habrían sido desaparecidas y cuántas asesinadas en esa región.
Por medio de una solicitud de acceso a la información realizada el pasado 15 de febrero, la ciudadana Valentina Gómez pidió, a través de la plataforma Info Coahuila, las versiones públicas de la masacre donde desaparecieron cientos de personas producto de una venganza entre miembros del crimen organizado:
“Solicito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila acceso a toda la información en su poder, resultado de sus visitas, informes, investigaciones, quejas y denuncias, relativas a las desapariciones de personas ocurridas en 2011, en la zona de Cinco Manantiales, Piedras Negras, Múzquiz, Sabinas y Acuña. Según reportes de la prensa, en marzo de 2011 se desató una ola de violencia en esa región, por una venganza entre miembros de los Zetas. Si fuera necesario, solicito versiones públicas. Si por el volumen de información no fuere posible el envío por internet, pido acceso en consulta directa. Gracias…”
En respuesta a la solicitud la CDHEC informó que se abrió el expediente CDHEC/030/2011/ALL/PPM/MP, relativo a una investigación por presuntas violaciones a derechos humanos por la desaparición de dos personas en Allende ocurrida en el 2011, la cual derivó en la recomendación 109/2014, emitida el 28 de agosto de 2014, por violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia.
Las dos personas desaparecidas en Allende por las que se abrió el expediente CDHEC/030/2011/ALL/PPM/MP eran vendedores, posiblemente de paletas de hielo, que habían llegado una semana antes al municipio para trabajar.
–Con información de Vanguardia
