El presidente del PAN, Marcelo Torres Cofiño y sus coordinadores parlamentarios aseguraron que la consulta ciudadana sobre el futuro del aeropuerto es una “payasada” que solamente pone en riesgo al país.
Además, adelantó que “no le van a engordar el caldo” a Andrés Manuel López Obrador, por lo que ningún panista votará en la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
En conferencia de prensa agregó: “Exigimos, sin duda, al gobierno de transición, que tome en serio un problema de la máxima relevancia para este país, que deje de jugar y de pensar que sigue en campaña, la campaña ya concluyó, el proceso concluyó, igualmente, y, por supuesto, le exigimos seriedad”.
Manifestó la preocupación que tienen en el partido, por la frivolidad y poca seriedad de López Obrador para abordar un tema tan importante como es la construcción del Nuevo Aeropuerto, por lo que le exigió seriedad y que asuma sus responsabilidades como presidente electo porque ya no está en campaña, y pareciera, dijo, que no está consciente de todo lo que está en juego en este asunto.
Torres Cofiño coincidió con lo que se ha venido señalando en los últimos días sobre la falta de legalidad de la consulta, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución en la materia, y que, entre otras cosas, señala que debe ser convocada por el Congreso y a petición del Presidente en turno, además de que la debe realizar la autoridad electoral.
Señaló que, se pretende consultar a la población en un tema evidentemente técnico, y donde habría que privilegiar la opinión de los especialistas, además, de que es opaca y discriminatoria al aplicarse solo en 500 municipios, que aún no se sabe cuáles serán, de los más de dos mil 400 que hay en el país, y tampoco se ha informado cómo se hará el conteo y evitarán fraudes.
Advirtió que cancelar el proyecto de Texcoco, pone en juego el futuro del turismo en México, así como el ingreso de miles de familias que viven de esta actividad; de igual forma, señaló que se pone en riesgo la seguridad jurídica y el Estado de derecho, pues la reacción de los mercados internacionales y el mundo empresarial ante una cancelación de este proyecto, “sería terrible. Está en juego la seguridad propia de todos los mercados”.
