Bien por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de manera unánime resolvió separar de su cargo y consignar ante el Juez de Distrito de Procesos Penales en turno, al actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera; además de consignar al anterior titular de la misma demarcación, José Manuel Ballesteros López, a fin de que sean juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo. Todo esto, salvo el calificativo de inicio, es lo que dice el comunicado 168 de esta institución que da cuenta del incidente de inejecución de Sentencia 296/ 2016 a favor de trabajadores luego de un largo conflicto laboral. Qué bueno, repetimos, que haya acciones como esta, sin precedente. Qué malo, a decir de otros quejosos, que lo mismo no suceda al interior del máximo tribunal.
Se trata del asunto del que se ocupó este espacio el viernes anterior y que tiene que ver con denuncias de acoso sexual y laboral. Por principio de cuentas se debe enmendar un error ya que se señaló que el principal acusado, Enrique Rodríguez Martínez, había sido premiado con la Coordinación de Comunicación Social de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Ya no es así. Ahora ocupa el mismo cargo en el PRI del Estado de México, entidad que recién estrenó gobernador. Otra anotación a considerar es que los hechos referidos en el texto del 3 de noviembre pasado sucedieron –algunos— desde hace cinco años de acuerdo con el cuaderno de investigación 75/ 2012 de La SCJN. También que son varios los denunciantes, principalmente mujeres que han laborado en el Canal Judicial, quienes por temor a más represalias piden el anonimato.
Cuentan que en su mayoría los procesos se han ido alargando, que se encuentran estancados o que los fallos no van de acuerdo con las acusaciones hechas contra el ex director del Canal Judicial y su equipo, entre ellos Francisco Barradas, que es hoy el coordinador de Comunicación Social de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Según documentos, las quejas datan desde que el Ministro, Juan N. Silva Meza fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Como han registrado varios medios de prensa escrita, radio, televisión e internet, las denuncias, salvo contadas excepciones, han sido desechadas por la Contraloría de la Corte. Lejos de amedrentarse, las trabajadoras, sobre todo, han mantenido su inconformidad e insisten en que haya un fallo acorde con la violación de sus derechos humanos pues oficialmente se reconoce que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizarlos. Es así que las indagatorias se han reabierto. Y pese a que en recientes años se recabaron más informaciones y testimonios, nada ha prosperado.
Incluso en junio de 2015 el semanario PROCESO informó que en oficinas del Canal Judicial se encontró polvo blanco por lo que “de inmediato dieron vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que el Ministerio Público Federal determinen o no si se trata de una droga lícita y si la cantidad encontrada es para consumo personal dentro de los parámetros permitidos”.
El reporte de Jorge Carrasco indicó que tras el hallazgo, tres funcionarios del Canal Judicial presentaron su renuncia, empezando por su director, Enrique Rodríguez, quien decidió separarse del cargo a partir del 15 de marzo. De acuerdo con fuentes judiciales, la Contraloría tiene un expediente abierto en su contra, pero el exfuncionario asegura que las investigaciones no apuntan hacia él. Los otros dos que renunciaron fueron el subdirector de Información, Francisco Barradas Ricardez, y el director de área Alberto Villa Dávalos, quienes se separaron del Poder Judicial en forma inmediata.
“Barradas, se indicó en la agencia APRO, había sido denunciado por trabajadores del Canal de consumir bebidas alcohólicas en horas de trabajo, además de maltratar al personal, pero las quejas fueron ignoradas por el entonces presidente de la Corte y el resto de los ministros, a quienes los afectados les enviaron cartas anónimas e incluso una firmada”.
Rodríguez, que dirigía el canal desde agosto de 2007, fue investigado por una queja de hostigamiento laboral. Pero fue absuelto por la Contraloría al considerar que la queja no estaba fundamentada. La denunciante, Brenda Karina Ornelas Mazatle, aseguró a Proceso (edición 2000) que el acoso en su contra comenzó cuando se negó a decirle a la Contraloría que la entonces novia de Rodríguez trabajaba en el canal, “cuando sólo cobraba”.Ex reportero de Televisa, Rodríguez aseguró entonces en entrevista con Proceso que las acusaciones de las que fue objeto eran infundadas y por eso habían sido desechadas por la Contraloría. Sostuvo que él era el primer interesado en que se investigaran las denuncias en su contra y contra sus colaboradores más cercanos. “Soy un hombre íntegro y honesto, y lo he demostrado. Puedo ver a mis hijos y a mi esposa a los ojos. Soy el principal afectado de todo esto”, dijo a la cadena Radio Fórmula.
Sin embargo, las acusaciones de muchas víctimas del acoso se sostienen y no han desaparecido a pesar de que, como se expresó al principio, los principales involucrados hayan renunciado, de ahí que no hace mucho el tema haya sido análisis de la columna Serpientes y Escaleras que apareció en El Universal, bajo la autoría de Salvador García Soto. Otra consideración que nunca ha sido desmentida es la que gracias a un expediente al que tuvo acceso REFORMA se reveló que quien fue director del Canal Judicial “favoreció a su novia –Mónica Montes Trejo– y a su cuñada al contratarlas por honorarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Trabajadores que fueron entrevistados sostienen que lejos de cambiar el ambiente en que se desarrollan, aunque los ex funcionarios que se ha mencionado no laboran más ahí, los acosos siguen con otros protagonistas.
