La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (NA) propuso reformar el artículo 3 de la Ley General de Población, para facultar a la Secretaría de Gobernación a fomentar la plena integración de los repatriados al desarrollo nacional, a través de los servicios económicos, educativos, sociales y culturales, así como de los apoyos y beneficios gubernamentales.

Resaltó que el problema de la deportación se da por causas políticas, económicas y sociales, aunque también para huir del terrorismo, la inseguridad, las guerras, la pobreza o el desempleo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indica que el año pasado fueron repatriados 219 mil 932 mexicanos, lo que representó un aumento de 6 por ciento respecto del año anterior. Michoacán, Guerrero y Oaxaca registraron 63 mil 852 eventos de repatriación, y tan sólo esos tres estados agruparon al 30 por ciento del total devuelto en 2016.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al dar a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2016, coincidió en que esos tres estados tienen más repatriados; además, cerraron el año con altos niveles de informalidad, salarios por debajo de los cinco mil pesos al mes y una baja proporción de personas asalariadas.

Campa Almaral señaló que la migración es un gran problema para todos los países; por ello, dijo, se deben empezar a crear nuevas políticas públicas para mejorar la situación de los mexicanos deportados.

Consideró que las razones que orillan a las familias a abandonar sus países son la búsqueda de un mejor trabajo, aumentar la calidad de vida y superarse.

La pobreza y la escasa oferta de empleos dignos que permitan acceder a una mejor calidad de vida, han obligado a las personas a alejarse de sus tierras en busca de mejores empleos, dejando a sus familias desprotegidas y solitarias, tan sólo con la esperanza de poder brindarles una mejor vida, comentó.

Agregó que al hablar de políticas públicas, se hace referencia a nuevas formas de abordar la problemática, desarrollar medidas singulares, descentralizadas, subsidiarias, solidarias y corresponsales, en las que el gobierno y la sociedad encaren conjuntamente problemas colectivos, con el fin de llegar a los mejores términos.

La propuesta, turnada a la Comisión de Población, señala que México debe trazar el objetivo de crear nuevas políticas públicas enfocadas a la migración, como la implementación de nuevas fuentes de empleo para la población que retorna junto con sus dependientes, así como la creación de mejores programas de apoyo y vinculación económica.