Luego de 12 años desde la última evaluación que enfrentó México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Comité DESCA), las personas expertas de Naciones Unidas insistieron al Estado mexicano en garantizar el derecho al aborto en todo el país, generar oportunidades laborales y educativas a las mujeres y atender de forma urgente el feminicidio.
Entre el 12 y 13 de marzo de 2018 el gobierno mexicano se sometió a la evaluación periódica del Comité de DESCA, quien evaluó el cumplimiento que ha dado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México en 1981.
En este escenario el Estado presentó su quinto y sexto informe en Ginebra, Suiza, y tras un análisis el Comité emitió una serie de recomendaciones en las que expresó –entre otros temas- su preocupación por las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral en comparación a los hombres.
Se refirió a las prácticas discriminatorias que enfrentan en este ámbito, como la exigencia de pruebas de embarazo al momento de su contratación, despidos injustificados de mujeres gestantes y la persistencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres.
El Comité recordó que la exclusión de las mujeres en el ámbito laboral deja en consecuencia un número significativo de ellas fuera del sistema de protección social, en especial de quienes realizan labores del hogar y cuidados no remunerados.
Recomendó al Estado mexicano adoptar medidas efectivas que aumenten la tasa de participación laboral de las mujeres y revierta la pobreza de éstas, eliminar la brecha salarial y adoptar políticas que impulsen la repartición equitativa de tareas de cuidado entre sexos.
Según datos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en promedio solo 48 por ciento de las mexicanas en edad laboral (15 a 64 años de edad) participan en actividades económicas), mientras que dedican diariamente al trabajo 10.10 horas, en comparación, los hombres 9.6 horas.
ABORTO, EL ETERNO PENDIENTE
De la misma manera en materia de derechos de las mujeres, el Comité DESCA abordó las discrepancias que existen en el país sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo. Hizo un llamado al Estado en armonizar la legislación relativa al aborto en las entidades federativas, eliminando la criminalización de las mujeres que ha afectado –precisó- de manera desproporcionada a mujeres en situaciones de pobreza, ya que la única entidad donde el aborto puede ejercerse de manera voluntaria en las primeras 12 semanas de gestación es la Ciudad de México, y por la causal de violación, en todo el país.
En este sentido, el Comité de la ONU destacó también que el Estado sigue sin contar con información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
Asimismo demandó al Estado a redoblar los esfuerzos para prevenir el embarazo adolescente y garantizarles el acceso a programas escolares sobre salud sexual, campañas de concientización sobre la repercusión de llevar a un embrazo a temprana edad. Cabe recordar que México tienen una tasa de 77 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 y 19 años de edad, la más alta de los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
El Comité de la ONU también tomó la oportunidad de hacer un llamado al Estado respecto a la violencia generaliza que viven las mujeres en todos los ámbitos de su vida, incluido el hogar; insistió sobre todo en los casos de feminicidio y recomendó que las investigaciones de estos asesinatos sean exhaustivas y se asegure que los responsables “sean enjuiciados y debidamente castigados”.
Con ello la próxima evaluación de México ante el Comité DESCA será hasta el año 2023, en la que tendrá que comprobar el cumplimiento de estas observaciones finales.
