El Consejo General de la Abogacía Mexicana, agrupación integrada por asociaciones y colegios del gremio, consideró que el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender la reforma educativa deja a los funcionarios a quienes está dirigido susceptibles de ser responsables penalmente, al no cumplir con su deber como servidores públicos.

Al emitir su postura sobre el tema, el consejo señaló que es preocupante que el documento no esté debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta contrario a la Constitución. “El memorándum emitido por el Presidente viola el principio constitucional de la división de poderes, al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con este documento el Presidente invade atribuciones no sólo del Poder Legislativo, sino del Constituyente Permanente al ‘arrogarse facultades extraordinarias para legislar’”, indicó.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a López Obrador rectificar el memorándum que firmó para suspender la reforma educativa de 2013, puesto que se trata, afirma, de un decreto fuera de la ley y que lesiona los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

“Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad”, dijo la institución.