El 25 de agosto pasado, la Fiscalía General de la República presentó su escrito en el que pidió que Robles sea sentenciada a 21 años de prisión por dos veces del delito de ejercicio indebido del servicio público y se le ordene a la reparación del daño por el quebranto de de 5 mil 73 millones de pesos del erario.

Rosario Robles, extitular de la entonces Sedesol y Sedatu, reiteró ante el juez que es inocente de los delitos que se le imputan y consideró que la acusación en su contra deriva de una cuestión política y no de un tema jurídico.

“Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona fórmula la agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona”, dijo.

En su escrito de contestación a la imputación que hizo en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), Robles señaló que a lo largo de su carrera como servidora pública siempre se ha conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de sus funciones.

Dijo que nunca se le atribuyó, en su momento, por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal y “el que se haga ahora en la vía penal y bajo un comportamiento de presuntamente ser omisa, me lleva a concluir que se trata de un tema meramente de carácter político y no jurídico”.

Advirtió que dicha imputación es injusta y señaló que los procesos penales “no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos, para cobrar afrentas del pasado, ni tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.

Robles dijo que hacerlo de esa forma “se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional”.

Recordó lo dicho por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien aseguró que si Rosario Robles dice lo que sabe sobre la llamada Estafa Maestra, podría estar en una situación similar a la de Emilio Lozoya, es decir, seguir su proceso en libertad.

“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó Robles.

Recordó que la Constitución garantiza el derecho del imputado a guardar silencio y no ser tratados como culpables hasta que una autoridad judicial así lo haya determinado. “Pero en mi caso el gobierno de este país, ha tomado ya la decisión de mantenerme privada de mi libertad, hasta que yo diga lo que ellos quieren oír, aunque los hechos que me atribuyen son completamente falsos y yo no participe de forma alguna”.