Un juez federal ordenó a autoridades de salud de Aguascalientes buscar dentro o fuera de la entidad, médicos no objetores de conciencia para practicar en un plazo de 10 días la interrupción legal del embarazo a una menor de edad que fue violada, al considerar que se vulneró su derecho a la salud, es discriminatorio y puede constituir actos de tortura y malos tratos.
Argumentó que dichas autoridades se negaron a proporcionar el servicio solicitado, pese a que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Relativa a la Violencia Intrafamiliar, Sexual y Contra las Mujeres regula la interrupción del embarazo tratándose de abuso sexual.
La madre de una niña, según la denuncia presentada ante las autoridades competentes, acudió a una asociación civil para solicitar asesoría ante la negativa de las autoridades de interrumpir el embarazo de su hija por el secretario de Salud y del director general del Instituto de Servicios de Salud, ambos de Aguascalientes, argumentando no contar con personal no objetor de conciencia.
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El impartidor de justicia concedió la suspensión para que en en el tiempo establecido se le practique a la menor la interrupción legal del embarazo y cumplan con lo establecido en la referida norma oficial, en específico obtener el consentimiento de la menor –por conductor de su representante legal- y brindarle –previo a la intervención médica- información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias de procedimiento.
Asimismo, las autoridades deberán informar al Juzgado el cumplimiento de la suspensión y demandó a la Asociación Civil ser el conducto para que la menor acuda en la fecha que señalen las autoridades a realizarse la interrupción legal del embarazo.
En los resolutivos se subraya que la autoridad responsable se encuentra obligada a contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia o, en una eventualidad, tener ubicada una unidad de salud que cuente con personal e infraestructura para llevar a cabo tal procedimiento en condiciones de seguridad y calidad.
Al proveer sobre la suspensión, el juez federal determinó que la asociación civil cuenta con interés suspensional –al menos de forma indiciaria-, ya que acreditó que su objeto social es la protección de los derechos que se reclaman en este juicio de amparo.
