Ya hay proyecto de sentencia sobre la Ley de Seguridad Interior. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo preparó un documento que pretende declarar inconstitucionales 7 de los 34 artículos de la Ley, dejar intactos 23 y modificar 4.
El proyecto, enlistado para discutirse por el Pleno de la Suprema Corte a partir de la sesión del 12 de noviembre, será intentado vender a la opinión pública como la solución a todas las aberraciones de la Ley, pero eso no será cierto.
Aun suponiendo que quedará aprobado en sus términos (lo cual es muy difícil al requerirse los votos de 8 de los 11 Ministros, artículo por artículo) el proyecto es una confesión de ceguera ante la guerra y de la falta de voluntad para escuchar a las víctimas de la violencia. Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, solicitamos el pasado 2 de octubre que abrieran audiencias públicas para escuchar a expertos, víctimas y organizaciones que les acompañan, pero el pasado 22 de octubre contestaron que podían mandar sus opiniones por escrito, dejando pasar la oportunidad de ser el único poder que se distinguiera de la cerrazón de Peña y un Congreso que en diciembre ignoró las voces nacionales e internacionales que les recomendaron romper con el paradigma de la militarización de la seguridad pública.
El proyecto de Pardo está mal desde su carencia de un análisis contextual de la guerra. En sus 501 páginas no hay siquiera una mención a la crisis de violencia que padece el país o a las víctimas de las atrocidades que México ha vivido en los últimos 12 años. Empeora cuando reconoce válido el concepto mismo de “Seguridad Interior”, reconociéndolo como una vertiente de la Seguridad Nacional y preocupa más cuando mantiene cheques en blanco como el que deja a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar labores de espionaje (artículo 30).
Pero el Ministro y quienes apoyen el proyecto sin ir más allá nos dirán que lo peor ha sido acotado. Que se acabó la opacidad del artículo 9 que permite que la información de las acciones emprendidas en aplicación de la Ley fuera reservada por ser de Seguridad Nacional. Que el Presidente ya no podría emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior si no es a petición de los estados (artículo 11); o que las Fuerzas Armadas no podrán actuar sin la emisión de esa declaratoria (artículo 26). Pero todo eso que nos dirán, lo harán omitiendo explicar que sin esa ley ya hubieron demasiados abusos del ejército y la marina por estar haciendo labores que no les corresponden y para las que no fueron entrenados sus elementos.
La sentencia en los términos propuestos no sería más que una salida política. La papa caliente que nadie quiere, mientras el cambio de gobierno tiene como promesa central la pacificación del país, pero con futuros funcionarios que siguen repitiendo fórmulas que en materia de seguridad no han funcionado. Un próximo secretario que encabezará una súper estructura de seguridad pública y conviviendo con la pésima promesa de crear una guardia civil que –dicen– no reprimirá ni atropellará derechos humanos, pero que amenaza con mezclar fuerzas civiles con castrenses, tratando de convencernos que las segundas se someterán a las primeras. Con la promesa de crear 50 mil nuevas plazas para la policía federal y las fuerzas armadas. Y por si fuera poco, con una petición del Congreso de Sonora, impulsada por MORENA, para que la Ley de Seguridad Interior sea aplicada en ese estado, por el cual el propio Alfonso Durazo es senador.
La papa se quema y Peña Nieto la aventó a una Corte que está dispuesta a cocinarla en medio de una confrontación abierta entre algunos congresistas lopezobradoristas y un poder judicial al que se amenazan sus privilegios. En un momento y escenario en el que además todo se mezcla y todo tiene que ver con todo, es difícil pensar que a la Corte se le puede convencer de eliminar la Ley de Seguridad Interior con razones y por eso es más pertinente que nunca exigir responsabilidad y congruencia al próximo gobierno y la legislatura que hoy controla. Que el Congreso abrogue ya la Ley de Seguridad Interior es más urgente que nunca, sabiendo que si el proyecto de Pardo es lo máximo a lo que se puede aspirar, el paradigma de la militarización no cambia y tampoco se avanza en la urgente necesidad de construir una estrategia de fortalecimiento y dignificación de las policías y un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de labores que no les corresponden.
La Ley de Seguridad Interior estorba. Cada una de sus palabras, sus puntos y sus comas, nos alejan de la paz. Los tres poderes están a prueba y tienen que hacerlo mejor de lo que Pardo propone. Hacerlo bien.
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