La muerte de dos personas que cayeron al socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca podría ser considerada como un agravante al momento de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determine las responsabilidades administrativas y aplique sanciones por el caso.

Según fuentes de la dependencia, no solo habrá sanciones administrativas por las omisiones acreditadas con base en la auditoría practicada a cuatro contratos de la obra pública a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las fuentes explicaron que será el área de investigación del órgano interno de control en SCT la encargada de determinar las responsabilidades tanto para servidores públicos como para las empresas constructoras Aldesem y Epccor y que determine si se da vista a la Procuraduría General de la República en caso de encontrarse posibles responsabilidades penales.

Será a mediados de noviembre cuando venza el plazo para que las tres áreas de SCT auditadas por la SFP solventen las observaciones emitidas en la auditoría 017/2017 por irregularidades detectadas en la licitación, ejecución y verificación de la obra.