La CNDH exigió a los tres órdenes de gobierno tomar medidas urgentes para asegurar el respeto a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información.

Así como brindar las condiciones óptimas para que el trabajo informativo de periodistas y comunicadores no sea obstaculizado.

Al conmemorar el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” y ante la persistencia de agresiones en contra de este gremio, la Comisión que preside Rosario Piedra Ibarra exhortó las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia a que realicen investigaciones acuciosas y exhaustivas a fin de esclarecer los crímenes en contra de periodistas y comunicadores y se condene tanto a los autores materiales cuanto a intelectuales de estos crímenes.

La CNDH, en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina; que el secuestro, la desaparición y el homicidio, son atentados a la libertad de expresión que se perpetran de manera cotidiana y alarmante en contra de los periodistas.

En los últimos 20 años, se han registrado 165 homicidios de periodistas en México, de los cuales 12 han ocurrido este año.

Además, de 2005 a la fecha, se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos, mientras que de 2006 a la actualidad se han contabilizado 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación, lo que hace evidencia el grave panorama de violencia que enfrentan los periodistas y comunicadores con motivo de su labor.

La CNDH recordó a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia que la CIDH destacó que la “debida diligencia” exige que las investigaciones penales impulsadas por el Estado tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, asegurando que no haya omisiones en la recopilación de pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

“Una sociedad informada conoce sus derechos y, en consecuencia, participa activamente en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas del ejercicio de la función pública, por ello, es vital la protección de la labor informativa, pues es la defensa del derecho a informar del periodista y ser informado del ciudadano”.