El próximo 30 de julio es el Día Internacional Contra la Trata de Personas. Es muy preocupante, porque no se quiere reconocer en nuestro país, el papel que juega la demanda para fomentar la trata de personas.
Según el Informe de la UNODC 2018, a nivel mundial, los países están detectando y reportando más víctimas de trata. En 2016, el número de víctimas reportadas a nivel global alcanzó su nivel más alto, cuando se detectaron más de 24 mil. El aumento en el número de víctimas detectadas ha sido más pronunciado en las Américas y en partes de Asia. Estos aumentos pueden ser el resultado de una mayor capacidad nacional para detectar, registrar y reportar datos, o el resultado de un aumento de la ocurrencia de la trata.
El Informe muestra que 72 por ciento de las víctimas detectadas en 2018 en todo el mundo son mujeres. El 49 por ciento de los casos son mujeres adultas y 23 por ciento son niñas, lo que representa un incremento en relación con el informe anterior, de 2016.
La mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial son objeto de trata con fines de explotación sexual, aunque este patrón no es uniforme en todas las regiones. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual prevalece en las regiones donde se detectan la mayoría de las víctimas: América, Europa y Asia Oriental.
En América Central y el Caribe más niñas son objeto de trata con fines de explotación sexual, mientras que en las otras subregiones del continente es más común la detección de trata de mujeres adultas con estos fines.
Los países andinos informan de porcentajes particularmente elevados de trata de menores de edad. En Bolivia y Perú se detectaron más niñas y niños víctimas que adultos. En el Ecuador, los niños y niñas representan poco menos de la mitad de las víctimas de la trata detectadas en ese país.
Los países del Cono Sur, incluidos Argentina, Chile y Uruguay, reportan una gran proporción de mujeres entre las víctimas detectadas (más del 60 por ciento). Lo mismo ocurre en Colombia y Venezuela, donde las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas.
La mayoría de las víctimas detectadas en Sudamérica fueron captadas con fines de explotación sexual. En 2016, estas víctimas representaban 58 por ciento del total de Sudamérica. Los datos de ocho países que presentan esta información en la subregión muestran que la abrumadora mayoría (96 por ciento) de estas víctimas fueron mujeres, y que hubo más adultas que niñas.
Respecto del perfil de los tratantes, la mayoría son hombres. El 63 por ciento de las personas condenadas por este delito en América del sur son hombres y 37 por ciento mujeres.
En cuanto a México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó algunas fallas en la actuación de la extinta Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– y de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la pasada administración federal, para combatir la trata de personas.
En el primer informe parcial sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, entregado a la Cámara de Diputados, la ASF señaló que en ese año la PGR sólo consignó ante un juez 3.0 por ciento de las averiguaciones previas y 1.0 por ciento de las carpetas de investigación.
En el documento indicó que, en materia de procuración de justicia, de 244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata, 74 por ciento (181) estaban en trámite, 23 por ciento (56) fue improcedente y 3.0 por ciento (siete) se consignó.
En cuanto a las carpetas de investigación, de las 288 que se abrieron, 67 por ciento (192) estaba pendiente, 32 por ciento (93) fue improcedente y 1.0 por ciento (tres) se vinculó a proceso y se sentenció.
“Lo anterior quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad en la comisión de dicho delito”, expuso la ASF.
“En concordancia con lo anterior, desde la perspectiva de la ASF, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de los derechos humanos de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, en cumplimiento a los compromisos derivados del marco constitucional y de los tratados internacionales en la materia”, agregó.
El órgano fiscalizador también apuntó que “a seis años de la publicación de la nueva ley en la materia, la Segob no implementó el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas”.
Asimismo, dijo que, en cuestión de prevención de este ilícito, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas realizó 653 mil 115 acciones de difusión, mientras que los gobiernos estatales y entidades que integran a la Comisión llevaron a cabo un millón 25 mil 819, “lo que evidenció una limitada coordinación para la prevención del delito”.
La Segob, además, “no ejerció el fondo federal previsto para la atención de víctimas de trata, mientras que, en el ámbito estatal, los gobiernos locales no dispusieron de recursos para dichos fines”, finalizó la ASF.
En medio de esta realidad, los grupos que reivindican la prostitución como trabajo y quienes insisten en que es más grave el problema del trabajo forzado, flaco favor le hacen a las poblaciones más vulnerables, sobre todo cuando los resultados en México de la Prevención, Protección y Asistencia y la Persecución de los delitos en materia de trata de personas dan tan pobres resultados.
Ni siquiera se toma en cuenta que, al ser un negocio ilícito de la delincuencia organizada, que se mueve por la ley de la oferta y la demanda, la explotación sexual en todas sus modalidades, es la modalidad de explotación que produce los daños más graves en las víctimas, tanto los daños físicos, como los psicológicos y en ocasiones hasta psiquiátricos.
La Ley General establece la obligación de diseñar y poner en práctica una política de estado contra los delitos en materia de trata de personas, lo que implica financiamiento, compromiso e inversión en las zonas detectadas como lugares de origen, de tránsito y de destino, significa cero impunidad y servicios de protección y asistencia que con la situación actual en el país y la falta de financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil especializadas, es más difícil contar con estos servicios para las víctimas.
