La aplicación de la pena de muerte no garantiza la impartición de justicia, sostuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de hacer un llamado a las autoridades del estado de Texas conmutar la pena capital en contra de un mexicano, programada para el próximo 8 de noviembre.

En el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su rechazo a la pena de muerte, ya que “no es factor de contención real de la delincuencia ni la solución a los problemas de inseguridad pública, pues su aplicación no garantiza la impartición de justicia”.

En un comunicado, la CNDH reiteró su petición al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de ese estado, para que se conmute la pena capital decretada contra el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez.

El mexicano se encuentra desde febrero de 1998 en la prisión de Alan B. Polunsky, en Livingstone, Texas, por el presunto secuestro y homicidio de su prima, Mayra, ocurrido en 1997 cuando ella tenía 16 años.

En ese sentido la CNDH pidió a las autoridades de Texas tener presentes los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes.

“La CNDH no se opone a la imposición de penas, sino se pronuncia porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, al cual nuestro sistema jurídico se acoge”, agregó.