La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a pesar de que existe un avance en la armonización del derecho a la educación en las legislaciones locales que en promedio es del 85.31% a nivel nacional, todavía existe el reto de materializar ese derecho, debido a que cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indicaron que en 2016 había 24.3 millones de mexicanos que presentaban rezago educativo.

El organismo nacional detalló que en el caso de personas hablantes de lengua indígena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que el 22.4% de hombres y 37% de mujeres no saben leer ni escribir, misma condición en que están cuatro de cada 100 hombres y seis de cada 100 mujeres de 15 años y más, además, dos de cada tres menores de edad entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela son indígenas.

Tras estas cifras, la CNDH llamó a los 32 gobiernos estatales del país para que cumplan en su totalidad con la armonización legislativa, “ya que se trata de una buena herramienta que por sí sola no cambia realidades, pero sin ella no se puede avanzar. Si bien dicha armonización representa el anhelo de garantizar la igualdad de derechos en todas las latitudes del territorio nacional, aún persisten fuertes desigualdades e importantes retos en el tema educativo”.

La Comisión informó que las entidades federativas que cuentan con el 92% de armonización normativa del derecho a la educación son Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; mientras que las que presentan avance menor al 80% son Nayarit, Oaxaca y Puebla.

“Para esta Comisión Nacional, la armonización permite identificar y resolver contradicciones entre las normas jurídicas, superar incongruencias y cubrir lagunas, con el fin de hacer posible que los mandatos o disposiciones jurídicas fluyan sin obstáculo a través de un andamiaje institucional diseñado, hasta concretarse en su eficaz cumplimiento”.

La CNDH recordó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce a la educación como cuestión prioritaria entre las acciones nacionales, y particularmente, el Objetivo 4 llama a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; además que los países se comprometieron, mediante su quinta meta, a “asegurar el acceso a la educación en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las que tienen alguna discapacidad, los pueblos indígenas y las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, a todos los niveles de enseñanza y formación profesional”.