Sunday 26 de May del 2024

Señalan que empresa de Fotomultas en Edomex es propiedad de Arturo Montiel

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El coordinador nacional del Frente Refundación, Sergio Saldaña, afirmó que la empresa encargada de las foto multas en el estado de México (Proyectos en Ingeniería, Seguridad y Abastecimiento, S.A de C.V (PISA))-que se lleva el 50 por ciento de las ganancias, de acuerdo con el contrato- es propiedad del ex gobernador  Arturo Montiel, por lo cual esas acciones son ilegítimas, y con una  fuerte sospecha de corrupción.

Durante el foro sobre foto multas especialistas y ciudadanos criticaron esa modalidad de infracciones, al calificarlas de inconstitucionales, con el fin de lograr negocio, más que de buscar la seguridad de la gente y con el riesgo de que al disminuir los índices de velocidad se genera una mayor contaminación, como lo demuestran algunos estudios.

Hugo Rodríguez Barroso, de la fundación México en la Cima del Mundo aseguró que según un estudio de la UNAM; la velocidad óptima para un vehículo es de 70 a 80 kilómetros por hora, pues de lo contrario se puede afectar al medio ambiente.

Criticó que en las foto multas todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario y planteó que la gente puede combatir el tema de las ecozonas, a través del amparo, con el argumento de que la contaminación depende del peso del vehículo, pero no del modelo.

Fotomultas-dinero

El legislador panista, Gerardo Pliego, uno de los organizadores del foro, junto con el ciudadano Mario Camacho, señaló que el contrato de las foto multas en el estado de México costó 220 millones de pesos, con una recaudación mensual de unos 55 millones de pesos y la mitad del dinero es para la empresa.

Sergio Saldaña, coordinador nacional del Frente Refundación también criticó que en México no ha pasado nada con el tema de los Papeles de Panamá, pidió a  la población a unirse a partir del primero de mayo para exigir acciones contra todos los involucrados.

La ex candidata del PAN a la presidencia municipal de Toluca, Mónica Fragoso llamó a la gente a organizarse, a pedir, vía redes,  la suspensión del programa límite seguro y consideró que el tema es más un negocio que buscar la seguridad de la población.

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