La ex vicepresidenta guatemalteca Ingrid Roxana Baldetti Elías fue condenada en la madrugada de este martes a 15 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

La sentencia fue dictada por el Tribunal C de Mayor Riesgo, de la ciudad de Guatemala, que declaró culpables a otras nueve personas ligadas a la ex vicepresidenta en un negocio de compra de agua que supuestamente ayudaría a sanear al lago de Amatitlán, en el sur de la capital de ese país, y en un caso conocido como Agua Mágica.

“La fórmula resultó ser agua con sal y cloro, dañino para la salud”, aseguró el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal, al justificar la sentencia que dictó junto a los jueces Eva Recinos y Elvis Hernández y en la que fueron absueltos tres de los presuntos implicados.

“Los acusados actuaron en asociación ilícita. Fueron actos grotescos, caros e innecesarios con el pretexto de defraudar al Estado de Guatemala”, lamentó.

Se trata de la primera condena a Baldetti, de 55 años y vicepresidenta de enero de 2012 a mayo de 2015 en el gobierno del entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Baldetti, presa desde agosto de 2015, está a la espera de los juicios por otros procesos en su contra, como el de septiembre de 2015 conocido como La Línea, que significó una millonaria defraudación aduanera y provocó la renuncia de Pérez Molina, quien está encarcelado desde que dimitió.

Entre otras investigaciones judiciales, la ex vicepresidenta es indagada por sus nexos con el cártel mexicano del narcotráfico internacional de Los Zetas y por los que Estados Unidos pidió en 2017 su extradición.

De acuerdo con los documentos oficiales presentados por EU a la justicia guatemalteca, Baldetti “aceptó dinero y regalos de parte de traficantes de droga durante su campaña electoral” de 2010 y 2011 en busca de la vicepresidencia de Guatemala.

El documento mencionó que las prebendas fueron entregadas por el cártel de Los Zetas, uno de los más peligrosos de México. Esa organización criminal mexicana aportó 250 mil dólares y seguridad armada para reclutar desde 2010 a Baldetti, quien en noviembre de 2011 se convirtió en vicepresidente electa de Guatemala.

El objetivo fue que, cuando ya estuviera en funciones a partir de enero de 2012, Baldetti restringiera la lucha antidroga en ese país.

A prisión.

La ex vicepresidenta recibió la pena más severa, en unos hechos en los que también fue condenado su hermano, Mario Alejandro Baldetti Elías, a 13 años por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

El proceso incluyó condenas que oscilaron de 3 a 12 años y 8 meses para los demás implicados por los delitos de asociación ilícita, fraude e incumplimiento de deberes.

De los 13 enjuiciados, tres fueron absueltos de cohecho pasivo junto con tres que sí fueron sentenciados por otros delitos. Sin embargo, el Tribunal ordenó al Ministerio Público (Fiscalía General) que los seis sean indagados por presunto “lavado” de dinero.

En su exposición de hechos, la Fiscalía aseguró que la ex vicepresidenta aprovechó su cargo en el gobierno de Pérez Molina y encabezó una estructura criminal que operó en institucionales estatales esenciales en cuestiones ambientalistas, para gestionar ilícitamente una licencia de un proyecto de limpieza y de saneamiento del lago con el que obtuvieron ganancias económicas.

Según la Fiscalía, el grupo criminal logró, a finales de 2014, y de manera fraudulenta, que el gobierno adjudicara un contrato por más de 18 millones de dólares para el saneamiento y limpieza del Amatitlán a una empresa de su propiedad, para adquirir unos 23 mil litros de la fórmula para sanear el lago.

Xitumul puntualizó que frente a las pruebas testimoniales, periciales, materiales y documentales, concluyó que existió un “caso complejo de corrupción e impunidad de una estructura criminal para comisión de delito de cuello blanco bajo el liderazgo” de la ex vicepresidente en alianza con su hermano Mario y con otros dos hombres, en un aparato que describió como los cuatro más importantes culpables del escándalo.

El Tribunal determinó que tras colocar a la sociedad en “estado de indefensión”, los elementos de la red criminal “dilapidaron el erario mediante la adjudicación fraudulenta para la compra de un líquido desconocido para el supuesto mejoramiento de la calidad del agua y luego para una segunda adjudicación anómala, pero claramente amañada” a favor de la empresa del grupo.

Las investigaciones precisaron que fue una mezcla agua con sal y sustancias corrosivas, dañinas para la flora, la fauna y el ambiente, sin estudio de impacto ambiental ni registros sanitarios, recalcó Xitumul.